martes, 26 de abril de 2016

El intrusismo profesional en emergencias

Desde hace un par de años se vienen aireando consignas sindicales de grupos de bomberos funcionarios reunidos en distintas plataformas de bomberos profesionales en contra del voluntariado de emergencias. Y lo que roza el esperpento es que a los voluntarios, sean bomberos voluntarios o voluntarios de protección civil, se les acuse de intrusismo profesional.

He escrito bastante en este blog sobre el voluntariado de emergencias, ya sea de bomberos o de protección civil, por lo que no voy a abundar en ello. No soy sospechoso de defender la sustitución de los bomberos profesionales. Cualquiera que siga mi curriculum laboral puede saber que nunca hubo tanta plantilla profesional en la historia del servicio de bomberos de Bilbao como cuando yo lo dirigía; y que desde que unos cuantos jefes y mandos, creamos la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos “APTB” en 1990 he luchado con tesón -en mi puesto de presidente, primero, y secretario general, después- para que en toda España se creasen nuevos servicios, nuevos parques, que se aumentasen las plantillas y para que los servicios de bomberos adquiriésemos nuevas funciones y competencias como las de prevención e investigación de incendios. Los resultados que me enorgullecen saltan a la vista cuando vemos las estadísticas de los servicios de bomberos y el cambio producido en los últimos 25 años: duplicado el número de bomberos, triplicado el número de parques, etc. Naturalmente, defiendo la existencia del voluntariado como en todos los países más desarrollados que el nuestro, que permite a las sociedades llegar más lejos y atender mejor a los ciudadanos. Ya lo he dicho otras veces: “el voluntariado es una caudal del que nunca se debe prescindir”.

Denuncia pública
Y en estas, sale un grupo denominadoPlataforma de bomberos profesionales de Castilla y León” que dice públicamente que se ha creado para "defenderse del intrusismo de la profesión" y se permite alardear en los medios de comunicación que van a denunciar al presidente de una Diputación por intrusismo y que incluso acudirían a la fiscalía. ¡Y se quedan tan anchos! No conozco a los miembros de esa plataforma pero les recomiendo que elijan mejor a sus representantes o portavoces pues con afirmaciones estrambóticas como esta no llegarán muy lejos.

Me quedo pasmado con esas declaraciones: ¿Intrusismo?, ¿ya saben qué es el intrusismo profesional? En fin, que me ha dado por pensar sobre qué es el intrusismo en los servicios de emergencia y en particular en los servicios de bomberos.

La denuncia a un bombero voluntario por intrusismo es como si un coordinador cultural que ha ganado una oposición en un ayuntamiento quisiera impedir, por intrusismo profesional, que los jubilados del centro municipal de mayores organicen una obra de teatro.

Intrusismo profesional
Se denomina intrusismo profesional el ejercicio de actividades profesionales por quién no está autorizado para ello, o sea, el ejercicio fraudulento de una profesión sin la titulación necesaria.

Así pues, para que se dé el intrusismo profesional se requiere que exista una titulación profesional oficial. En España nuestro Código Penal considera intruso a quién “ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente”.

Así pues, parece claro que no habiendo en España una titulación académica nacional que acredite la titulación oficial para poder ejercer de bombero no cabe atribuir conductas de intrusismo a quién haga de bombero no siendo funcionario de una administración, aunque valdría lo mismo para bombero de una empresa.

Título profesional
En España, un bombero no tiene un título profesional homologado y reconocido por las instituciones académicas reguladoras de la formación profesional. Un bombero no ha seguido una formación reglada, se ha presentado a una oposición en la que no le exigían ser bombero, porque esa titulación no existe (ojalá existiese) y por lo tanto cuando supera las pruebas exigidas, el ayuntamiento o diputación o comunidad autónoma le otorga un nombramiento que solo sirve para ser bombero asalariado en su administración (algunas CCAA están regulándolo en su ámbito, pero eso no es extensible a todo el territorio nacional). Un bombero voluntario reconocido por su administración como bombero, para ejercer en las labores propias como tal, tiene el mismo título habilitante para hacer de bombero que el funcionario: la capacidad reconocida por su administración. Además, en todo caso, el bombero voluntario o el voluntario de protección civil no actúa intentando obtener un beneficio arrogándose las capacidades de una profesión, ni está ejerciendo una profesión -percibiendo los honorarios profesionales-, sino que actúa de forma altruista al servicio de la comunidad.

Me imagino las risas de los funcionarios de la Administración de Justicia cuando vayan a poner la denuncia por intrusismo al presidente de la diputación. Supongo que el fiscal les podrá recibir y atender educadamente y echará unas risas cuando se vayan de su despacho.


Incomprensible
No entiendo ese nuevo odio al voluntariado social. No existe ni un solo caso en que un bombero voluntario haya producido el despido de un bombero funcionario (son indespedibles). Ese riesgo no existe. Y sin embargo, son miles los puestos de bomberos profesionales los que se han generado a partir de la existencia primigenia de los bomberos voluntarios que han creado la necesidad.

Corolario
Creo que la defensa de los intereses profesionales debe hacerse de otra forma y por supuesto, en la administración, anteponiendo los intereses de los ciudadanos en primer lugar.


Publicado el 26 de abril de 2016



martes, 19 de abril de 2016

Manual sindical para la externalización de servicios públicos


Se habla mucho de la maldad de la externalización de los servicios públicos en la administración y se están llevando a cabo movilizaciones en contra de las “privatizaciones” como les gusta llamarlo a los sindicatos. Lo que apenas se habla es sobre las causas que promueven las externalizaciones; los administradores defienden que es por abaratar costes y proporcionar una gestión más eficaz, y los sindicatos argumentan que es solo por intereses empresariales. La desgracia para los ciudadanos es que las dos partes pueden tener razón.

La tragedia es que no pueda haber un punto de encuentro entre ambas posturas. Si es cierto que se puede hacer una gestión más eficaz y más barata ¿por qué no se hace? ¿Por qué no lo intentamos desde la administración? Advierto que se trata de una pregunta retórica pues no espero respuesta. Conozco suficientemente la administración para saber que este es un problema sin solución. Se han realizado muchas externalizaciones y muchas de ellas son irreversibles, por ejemplo la custodia de edificios que antes realizaban los policías públicos y ahora empresas privadas y no veo que ningún sindicato solicite el rescate de esos puestos de trabajo; ni veo que un portero recogedor del número del DNI en una garita o portería tenga que ser funcionario y llevar pistola, y también tengo dudas sobre que en unos cuantos edificios públicos sea necesario realizar esa tarea, que a muchos ciudadanos (y lo comparto) proporciona más sensación de inseguridad que de seguridad.

Decálogo para la privatización
Este Decálogo podría formar parte de un Manual sindical para la externalización de servicios públicos. Aplicando siempre los principios de este decálogo imaginario comprobaremos que si lo llevamos a rajatabla nos conducirá indefectiblemente a una externalización; a corto, medio o largo plazo, pero llegará.
1.          Aplicar siempre el principio de que a los funcionarios nos pagan por ir al trabajo, no por trabajar.
2.           Los servicios públicos están para servirnos: “A nosotros los primeros”.
3.           Es mejor que suban los impuestos a todos que recortarnos privilegios.
4.         El voto en las elecciones sindicales, confiere al sindicalista electo de forma automática un MASTER en organización y gestión de la administración y en administración empresarial por lo que tiene más conocimientos y ha de tener ante los empleados más autoridad que el jefe. En caso de controversia entre dos propuestas, la de sindicato tiene más peso porque son los trabajadores los que conocen su trabajo.
5.          Todas las propuestas de la Dirección serán rechazadas. Cualquier cambio propuesto, aunque sea bueno, será rechazado de entrada, por si acaso nos puede perjudicar en algo.
6.            Mi jefe, lo es por enchufe, y yo estoy por mérito (aunque me haya enchufado mi jefe).
7.            Aunque no tengamos nada que hacer, nunca aceptaremos más trabajo cobrando lo mismo.
8.           No a la flexibilidad: nunca haremos el trabajo de nuestro compañero; que contraten a otro para sustituirlo.
9.          Nos podrán congelar el sueldo, y así tendremos argumentos éticos para rendir menos; pero jamás permitiremos que nos aumenten el trabajo.
10.        Sean cuales sean la circunstancias, nunca desaprovecharemos una oportunidad de quejarnos.

En caso de duda en cualquier interpretación aplíquense de oficio los puntos primero, segundo y tercero.

Puntos de reserva
Si alguno de los puntos de este decálogo no fuera de aplicación en alguno de los puestos de funcionario, se puede sustituir por alguno de los de reserva.
11.          Cualquier funcionario de base (por ser funcionario) sabe tanto de organización como el Jefe y por lo tanto lo haría mejor que él.
12.          Si te das cuenta que algo se está haciendo mal: Nunca lo digas por si acaso te lo mandan hacer a ti.
13.          Hacer todo lo que manda un jefe es una humillación.
14.          Hacer huelgas de tal manera que todos sigamos cobrando el mismo sueldo.
15.          Aunque me lleve bien con el jefe y le haga la pelota, el jefe es “siempre” un cabrón.
16.          El trabajo de los jefes es inútil, no sirve para nada; si no viniesen a trabajar ni se notaría.
17.          Al vago, nunca se le manda hacer ningún trabajo, porque nunca lo hace. Mejor mandárselo hacer a alguien más dispuesto.
18.          La prioridad de los jefes deber ser atender nuestras necesidades no las de los ciudadanos.
19.          Siempre sabemos de que departamentos hay que reducir personal, pues se ve que sobran, pero jamás de nuestro departamento.
20.          Nunca haremos ninguna tarea para la que no se nos ha contratado, por ejemplo: encender o apagar las luces de la oficina.

Y para finalizar tengamos siempre presente nuestra inmunidad y que somos INDESPEDIBLES.

Las protestas y negativas
Creo que en algunas ocasiones las posturas radicales de los sindicatos obligan a las administraciones a externalizar algunas actividades. Esto no es nada nuevo, hay ejemplos por doquier. A veces las protestas y las negativas a desempeñar tales o cuales tareas no resuelven el problema sino que lo enquistan y llevan a la administración o a sus gestores  a adoptar soluciones que aunque no sean mejores suponen una salida necesaria al bloqueo que se ha producido. En estos casos, propongo que hay que dejar de ser fundamentalistas, no pensar que siempre se tiene la razón, y medir las consecuencias de los actos. Y no dejarnos arrastrar por los que más gritan, que a veces tienen intereses personales ocultos. Los órdagos a veces se pierden. Muchas veces es mejor un mal acuerdo que una derrota.

En las revisiones que se están realizando en la Directiva europea del Tiempo de Trabajo (Directive 2003/88/EC concerning certain aspects of the organisation of Working Time) se hace referencia a la claúsula Op-Out en virtud de la cual empresarios y trabajadores pueden pactar de mutuo acuerdo condiciones diferentes a las que son obligadas por la legislación. Creo que esta cláusula puede aportar la flexibilidad necesaria para que puedan ser pactadas dentro de la legalidad determinadas condiciones diferentes a las establecidas en la legislación vigente con el fin de evitar externalizaciones. Así lo están haciendo ya en Europa y supongo que algún día se podrá hacer también en España. ¡Ojalá!
Consideraciones
Creo que la administración puede prestar servicios de gran calidad pero no debería haber un divorcio entre los trabajadores que son funcionarios y quienes no lo son. La brecha entre los funcionarios y el resto de los trabajadores de la sociedad es cada día mayor. Los sindicatos –teniendo las mismas siglas- son incapaces de defender en la calle para los trabajadores que representan, las condiciones laborales privilegiadas que defienden en la administración para los funcionarios. Naturalmente los políticos lo aceptan, porque no son los dueños de la empresa, porque el dinero no es suyo: disparan con pólvora del rey; y en parte porque muchos son funcionarios y se beneficiarán toda la vida de ello. Si todo el país tuviese las mismas condiciones laborales que los funcionarios, el país se iría a la ruina en muy poco tiempo. No conozco ningún sindicalista o político que tenga una empresa y que mantenga y respete para sus trabajadores las condiciones laborales del funcionariado.

En una sociedad en que cada vez hay más desequilibrios, los funcionarios no debemos ser un factor más de las desigualdades sociales: en jornada laboral, en salarios, en vacaciones, en estabilidad en el empleo, etc…. No me parece aceptable que los funcionarios tengamos una jornada semanal de 35 horas y todos los demás 40 horas (Estatuto del trabajador), que los funcionarios tengamos más de dos meses de vacaciones o libranzas al año, y los trabajadores del mercado libre, solo un mes. Sí, he dicho bien, dos meses: vacaciones, más días de convenio, más días de asuntos particulares (moscosos), más días de conciliación, más días por antigüedad, a lo que se le pueden sumar días por autoformación; en algunos casos se pueden superar las 10 semanas. Lo más triste para los funcionarios, es que en vez de disfrutar de los beneficios de esa situación, una gran parte de ellos están siempre quejándose.

NOTA DEL AUTOR: Este artículo no está redactado con el fin de defender la privatización de servicios públicos ni la gestión privada o gestión indirecta de los servicios públicos. La eficacia en la gestión no depende de si quién gestiona es una empresa o una administración, sino de quiénes son las personas que lo hacen, y cómo lo hacen, sus conocimientos, su preparación, su cualificación, su entrega, su honestidad, se dedicación, etc. No creo que nadie se atreva a decir en este país que la medicina privada es mala o es peor o menos eficaz que la medicina pública por el hecho de ser privada. ¡Por ejemplo!


  Cualquier parecido de esta ironía con la realidad puede tener muchos visos de similitud  

Publicado el 19 de abril de 2016