Nuevo paradigma en emergencias

Mientras estaba realizando los estudios de víctimas de incendio me di cuenta de que las fuentes a las que nos dirigíamos para obtener información sobre las víctimas de incendio o explosión no daban suficiente importancia a las víctimas, ya fuesen lesionadas o fallecidas. Daba igual que fuese un servicio de bomberos, o de protección civil o de asistencia sanitaria, o el 1-1-2 de una comunidad autónoma. Casi ninguno de los servicios que habían intervenido en un siniestro con víctimas tenía apenas datos de las personas heridas o fallecidas. Y lo que parecía peor, no les importaba ni les preocupaba tenerlos. En muchos casos no nos podían facilitar los datos porque no los tenían y en algún otro caso nos daban la excusa de que no podían hacerlo por la Ley de Protección de Datos⁽¹⁾ -lo que es absolutamente falso pues los datos de las personas fallecidas no son datos protegidos por dicha Ley-.

El primer estudio de víctimas realizado me puso de manifiesto las carencias de los servicios de emergencias españoles en la recogida de datos de las víctimas de los siniestros. He expresado en algunos artículos de opinión que si la principal misión de un servicio público de emergencias es salvar vidas, quizás sea el momento de considerar que lo más grave que le puede ocurrir a dicho servicio es que una persona fallezca en un siniestro; siendo así, un muerto en un incendio es el mayor fracaso que le puede ocurrir a un servicio de bomberos y los fracasos hay que anotarlos bien, registrarlos, documentarlos muy bien para que no vuelvan a suceder.
 

Resulta curioso que algunos servicios públicos puedan saber cuántos litros de agua o de espuma han gastado en apagar todos los incendios de su territorio en un año, pero, no saben si se ha muerto alguna persona en los incendios que han apagado, o saben cuántos litros de gasolina han gastado las ambulancias pero no se tienen datos de las personas heridas o fallecidas en sus asistencias.

 

Así, me di cuenta de que los servicios de emergencia son muy endogámicos y es fácil comprobar que recogen bastante bien “sus” datos: el número de intervenciones y su tipología, los agentes y vehículos que intervienen, los kilómetros recorridos por los vehículos, los tiempos de intervención y un montón de variables de “sus” actuaciones. Pero poco o nada de los ciudadanos que atienden.

 

Salvamento
Dándole la vuelta a estos hechos pensé que ello es debido a que hasta hace no mucho tiempo el objetivo de los servicios de extinción de incendios era apagar los incendios y ocurría que a veces después de la extinción de los incendios se encontraban víctimas en el interior de los edificios. Hasta los años 80 no se empezó a añadir la S de salvamentos en los servicios de bomberos. Antes eran Servicios de extinción de incendios, así les llama el Reglamento de espectáculos de 1982, que se refiere a ellos como Servicios de extinción de incendios o bien Servicios contra incendios. Un ejemplo más de esta consideración conceptual es que antiguamente la atención o auxilio sanitario en accidentes de carretera se denominaba “transporte sanitario”; lo que se hacía era un transporte, no la atención a un ciudadano. Afortunadamente esto ya no es así y va calando poco a poco entre los miembros de los servicios de emergencia que el principal objetivo de las intervenciones es salvar a las personas. Recientemente, me comentaban que un mando del servicio de bomberos de la Diputación de Bizkaia proponía que el “servicio de extinción de incendios y de salvamento” debería cambiar su nombre y poner “salvamento” en primer lugar. Estoy muy de acuerdo con él.

Cambio de paradigma
Pero, hemos de ir más lejos, es necesario un cambio de paradigma. Hay que poner a los ciudadanos en el eje de la atención de los servicios públicos. Los ciudadanos han de ser el fundamento de nuestras actuaciones. No hemos de ser un servicio de atención de emergencias sino servicios de atención a los ciudadanos ene las emergencias. En una actuación de incendio debemos pensar que no solo hemos de apagar el incendio sino que estamos para atender a los ciudadanos que padecen un incendio y pensar cuál es la mejor forma de servirles. Nuestra obligación principal tiene que pasar a ser atender a los ciudadanos. Debemos concienciarnos que estamos para atender a los ciudadanos. 

Los servicios sanitarios tienen que pensar que no están para atender lesiones, sino personas lesionadas; un servicio de protección civil no puede trasladar a un herido leve a un  hospital lejano y cuando inmediatamente es dado de alta dejarle a varios kilómetros de su residencia sin ningún medio para volver a su casa. También en los servicios policiales: un policía en un robo o en una agresión, no tiene que llegar, tomas fotos y huellas, hacer el atestado y marcharse diciéndole al ciudadano que vaya a la comisaría a poner la denuncia. El objeto de su atención ha de ser el ciudadano, no el delito. No parece ideal que ante un incendio, lleguen las unidades de bomberos, apaguen y se vayan, dejando a los ciudadanos en la calle con su vivienda destruida, el suelo lleno de agua, sin ventanas, sin luz, a veces sin puerta o con la puerta rota, sin apenas haber hablado con los vecinos que han sufrido el incendio excepto para pedirles los datos fiscales, compañía de seguros, etc., para poder pasarles la factura de la intervención conforme a la Ordenanza de tasas. Hay que desterrar la frase “apaga y vámonos”. 

Sabemos que la actuación de los servicios públicos se puede mejorar mucho y debemos pensar cómo hacerlo. A partir de ahora, debemos saber que los médicos están para atender enfermos, no enfermedades y nosotros estamos para atender ciudadanos, no siniestros. Nuestro enfoque, centrado en la persona: este es el nuevo paradigma del siglo XXI en los servicios de emergencia. 

(1) De acuerdo con el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal RDLOPD y según lo estipulado en su artículo 2, apartado 4: Este Reglamento no será de aplicación a los datos referidos a personas fallecidas.

 

Bomberos: Veinte años después

Revisando unos papeles antiguos me he encontrado con un escrito en que se recoge el contenido de la entrevista que mantuve hace 20 años cuando era presidente de la APTB, con la Dirección General de Protección Civil -DGPC-. Así pues, no voy a escribir sobre la novela de Alejandro Dumas, sobre los tres mosqueteros; simplemente os quiero reproducir el texto de aquel documento, que a modo de acta, contiene lo expuesto por mí en aquella reunión. Según lo vayáis leyendo veréis que se tratan las viejas y actuales reivindicaciones del sector bomberil y me atrevo a apuntar que el actual presidente de APTB podría mantener hoy en día una reunión similar en términos muy, muy parecidos.

Reunión del director general de protección civil Francis­co Cruz de Castro con el presidente de APTB Javier Larrea

El jueves, 3 de marzo de 1994, tuvo lugar un encuentro entre el director general de protección civil D. Francisco Cruz de Castro con el presidente de la APTB,  Javier Larrea. El objetivo de la entrevista, solicitada hace ya varios meses por la  APTB, era poner en conocimiento del nuevo director general de protec­ción civil, las ideas, inquietudes, iniciativas y proyectos de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos en materia de emergencias. La reunión, que duró dos horas, se celebró en un agradable tono de cordialidad y entendimiento mutuo.

Todas las propuestas y sugerencias de la APTB fueron recogidas con interés, ya que, como quedó patente a lo largo de toda la entrevista la APTB, al contrario que los sindicatos, la APTB no defiende intereses personales, particulares, ni gremiales, sino que el objetivo principal expuesto, fue el de la mejora de los servicios de atención a los ciudadanos -contribuyentes- en caso de emergencia. ¡Y esto, se nota!

Durante la reunión, el representante de la APTB, planteó las siguientes cuestiones:

* La sensación de que los jefes, mandos y técnicos de los servicios de bomberos no nos sentimos representados por la DGPC. Por ello consideramos conveniente la creación de una Dirección General de Bomberos.

* En materia de formación profesional de bombero propusimos avanzar en este sentido junto con el Ministerio de Educación, hasta regular la titulación de formación profesional necesaria para el acceso a la profesión de bombero. Al menos, elaborar unas bases comunes de acceso, así como velar y vigilar que se cumplan las disposiciones legales para acceder a las distintas categorías de los cuerpos de bom­beros.

* Al Ministerio de interior le ha de corresponder regular sobre la seguridad de las personas -en cualquier actividad-. Desde el Ministerio de Interior se debe luchar contra las ansias competenciales de otros ministerios en materia de seguridad contraincendios.

* Incendios forestales: se necesita asignar las competencias en materia de extinción de incendios a los servicios de bomberos. Desde la Dirección General de Proteccion Civil no se ha hecho nada al respecto. La situación actual es caótica, excepto donde los bomberos se han hecho cargo de ello. Se gastan más recursos en extinción de incendios forestales que en el resto de los cuerpos de bomberos, alcanzando pocos resultados.

* Aeropuertos Nacionales: sus servicios de bomberos deben unificarse con los servicios de bomberos locales públicos existentes integrándose en ellos.

* Atribución de las competencias de “Prevención de incendios” a los cuerpos de bomberos. Funciones de control e inspección de las normas de seguridad contraincendios. Esto debe figurar en todas las normas y reglamentos, emanen del ministerio que sea. La DGPC puede hacer mucho posicionándose en las comisiones minis­teriales en que está representada, en vez de estar como testigos mudos de los desaguisados que se producen.

* Defender la transformacion de los servicios de bomberos en servicios integrales de la emergencia en que se gestionen entre otros el servicio de ambulancias de emergencia.

* Solicitamos la difusión pública de la estadística nacional de las actuaciones de los servicios de bomberos realizada. Debemos conocerla. Nos pertenece a todos los que hemos colaborado en el trabajo.

* Propiciar la fusión, unificación e integración de servicios de bomberos buscando el ámbito territorial provincial como mínimo, siendo deseable el modelo autonómico. Incidir en la modificación de la Ley de bases de régimen local para que la prestación de los servicios de bomberos no sea una competencia municipal.

* Programa de financiación de los cuerpos de bomberos por el Estado, al igual que la Policía, incluidas las policías autonómicas.

* Participación de la APTB en la Comisión Nacional de Proteccion Civil y las distintas subcomisiones y grupos de trabajo. Si se quiere puede hacerse.  Los jefes, mandos y técnicos no estamos repre­sentados en la comision negociadora del estatuto de los servicios de bomberos, actualmente mal llamado "estatuto del bombero".

El director general sugirió una futura entrevista con toda la junta directiva de la APTB, sobre los temas que considere de más urgencia o necesidad. Quedamos a la espera de su llamada y le deseamos la mejor suerte y aciertos en el ejercicio de su cargo.

No hubo más reuniones con ese director. Hubo nuevas reuniones con cada nuevo director o directora con contenidos parecidos, pero debido a que en ningún caso eran expertos procedentes del sector de la emergencia, nunca entendieron lo que se les decía, así que lo único que podían hacer eran poner buena cara. Y si algo entendieron, el pasotismo e inhibición que están instalados en esa dirección general ha provocado que nunca se preocupasen por la organización de los sistemas de emergencias en España, ni por su posible mejora.

Veinte años..., en los que ha aumentado enormemente la dispersión de competencias y el gasto, justamente en sentido contrario a lo que proponíamos. Y para resolver el problema crearon la UME.

 

Publicado el 21 de agosto de 2014

 



Los responsables en el caso Madrid Arena

 Fotografía: Wikipedia

Parece que las investigaciones del caso penal por parte del juez instructor están llegando a su fin. Por el momento se sabe de la imputación o inculpación de 16 personas.

Recordemos de forma resumida que la noche del 1 de noviembre de 2012 se celebró la fiesta de “Halloween” en el recinto Madrid Arena del Ayuntamiento de Madrid en la que fallecieron aplastadas en una avalancha 5 chicas adolescentes, una de ellas menor de edad.

Como siempre ocurre en estaos casos concurrieron un cúmulo de circunstancias y fallos encadenados para que se produjese el fatal desenlace. Es ahora el juez el encargado de indagar como ocurrieron los hechos, cuáles fueron los fallos, y de apuntar cuáles son las responsabilidades penales que corresponden a los distintos actores de la tragedia.

Por el momento se sabe que van a ser imputados: los tres máximos responsables de la sociedad Diviertt, organizadora del evento y el médico responsable de la enfermería -al parecer contratado por Diviertt-, así como el hijo de este, también médico; otras seis personas de la sociedad municipal Madrid Espacios y Congresos “Madridec” con las máximas responsabilidades en la entidad y en la seguridad de los eventos;  otras tres personas de la empresa “Seguriber” responsable del control de accesos; y el jefe de Policía municipal de Madrid.

Son diversos delitos los que se atribuyen a los distintos imputados y la justicia deberá determinar si los imputados son culpables o  no. No es objeto de este artículo el análisis de todos los fallos cometidos, pero cualquier interesado en este asunto que quiera indagar un poco en lo que se hizo mal, podrá comprobar que las anomalías y tropelías cometidas hacen de este suceso un "siniestro de Manual”. Si repetimos los hechos, cual receta de cocina, con los mismos ingredientes y tiempos de condimento, es casi seguro que obtendremos el mismo plato.

No obstante, sí parece que a quien le ceden un espacio con un aforo de 7.500 personas y decide vender más de 20.000 entradas o quienes resulten cómplices de que entren más de 20.00 personas (se especula con que pudieron entrar al recinto unas 30.000 personas) debe tener alguna responsabilidad. También quienes tienen la obligación institucional de controlar la seguridad de los eventos en la ciudad y no lo hicieron.

Resulta curioso que expertos en seguridad y emergencias de “Madridec” aleguen una ignorancia supina sobre cuestiones básicas de seguridad en espectáculos o relativas al Madrid Arena, o sobre esta fiesta, o bien no hicieron nada por corregir algunas anomalías.

Al jefe de Policía municipal se le acusa de que no se hizo nada por disolver el macro botellón celebrado en las proximidades del Madrid Arena y que los doce agentes enviados fueron insuficientes.  Ya veremos en qué queda esta acusación cuando se profundice durante el juicio en las inexistentes facultades ejecutivas del jefe respecto de la política de personal y se revele la imposibilidad de llamar a más agentes de guardia que los establecidos en el calendario laboral firmado entre políticos y sindicatos.

Aunque ya han cesado tres concejales (esto es la responsabilidad política) llama la atención que ningún político haya sido procesado aunque solo sea por la responsabilidad de los nombramientos municipales de quienes ahora se atribuyen a sí mismos una absoluta incompetencia e ignorancia de sus obligaciones. Es verdad que los políticos no tuvieron ninguna participación directa en los hechos, pero, entonces, ¿quién es el culpable cuando se nombra a un incompetente?

Publicado el 18 de julio de 2014

Bomberos inseguros

 

En esta instantánea aparecida en la prensa de una ciudad española se pueden ver unos bomberos “profesionales”, quiero decir asalariados, perfectamente equipados con cubre pantalón y guantes, pero sin casco y en manga corta. Como se puede apreciar por las grandes llamas se trata de un fuego de envergadura y el fotógrafo, cual notario, ha levantado acta de la negligencia y ha certificado la irresponsabilidad de los agentes de emergencia.

Imágenes lamentables, como esta suelen verse con demasiada frecuencia en la prensa, delatando comportamientos negligentes de quienes se tienen por “grandes profesionales de la seguridad”.

A la vista de esta imagen se me ocurren algunas preguntas:

- ¿Los bomberos de la foto actúan siempre así, con desprecio hacia su propia seguridad?

- ¿No vio este proceder incorrecto el mando de la intervención que según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales puede ser culpabilizado por estos hechos?

- ¿Habrán sido sancionados o al menos reprendidos estos bomberos cuando al día siguiente salieron retratados en la prensa en plena imprudencia?

- ¿Cuál puede ser la razón que provoque que un bombero, un profesional de la seguridad, desprecie así las medidas de su protección personal?

Si unos bomberos profesionales públicos actúan así, ya sea por desconocimiento, o por falta de formación o por indisciplina, o por desidia, o por lo que sea, hemos de calificar los hechos de graves.

Las jefaturas de los servicios y toda la cadena de mandos han de adoptar todas las medidas que estén en su mano para evitar comportamientos irresponsables respecto de la seguridad personal de sus miembros, sin olvidar la propia responsabilidad de quienes incumplen de forma deliberada las medidas de protección personal. Un mando competente ha de estar al tanto de sus obligaciones de garantizar la seguridad de su equipo humano y exigir que se cumplan las normas de seguridad.



Publicado el 11 de agosto de 2014

¿Bomberos privados en España?

Desde hace unos años se ha incluido en la terminología bomberil en España el concepto “Bomberos privados”. Pero, ¿Qué es esto?  ¿A qué se refieren los que hablan de ello? ¿Hay en España Bomberos privados? ¿Es ese el nombre correcto?

Antes de dar una respuesta, veamos algún ejemplo que, por analogía, nos lo pueda aclarar. Todos conocemos que existe una medicina pública y una medicina privada. Un ciudadano, un particular, puede acceder a los servicios de la medicina pública o bien puede contratar a una empresa de la medicina privada o a un médico que le atienda a cambio de un precio. Esto es porque existe la medicina privada. Lo mismo ocurre cuando se va escolarizar a un hijo, es obligatorio hacerlo, pero se puede elegir entre el modelo de colegio público o el colegio privado. También las empresas o entidades pueden contratar algunos servicios de seguridad privada: vigilancia, custodia, protección personal, etc., con una empresa de seguridad privada.

Así pues, las personas tienen posibilidad de elegir entre dos modelos diferentes: el público y el privado, pero solo cuando esto existe. Los ciudadanos españoles en la práctica no pueden contratar un servicio de bomberos privado que le atienda de forma particular, simplemente porque este servicio privado no existe. En España existe un régimen público de protección contra incendios y aunque no esté del todo bien regulado para todo el territorio del Estado es obligatorio que las administraciones presten este servicio a los ciudadanos. Aunque no esté prohibido por ninguna Ley, el caso es que no hay ninguna empresa privada que ofrezca a los particulares la posibilidad de contratar un sistema complementario de seguridad contra incendios. Esto ya ha empezado a ocurrir en el ámbito industrial en que algunas empresas prestan sus servicios para grandes empresas o polígonos industriales al margen de los cuerpos de bomberos públicos. Pero esto no ocurre en la vía pública, por lo que los servicios de bomberos públicos trabajan en un régimen de pseudo monopolio.

Entonces, ¿a qué se le llama “Bomberos privados”? Pues, creo que se les ha empezado a llamar “bomberos privados” a aquellos bomberos que tienen un contrato laboral con la empresa adjudicataria del servicio público de extinción de incendios y de salvamentos. Desde hace muchos años todas las administraciones públicas comenzaron a externalizar muchos de sus servicios públicos como los de recogida de basuras, limpieza pública, limpieza y mantenimiento de edificios, transporte público, jardinería, custodia de edificios, etc., etc. Pero este sistema de gestión no cambia la titularidad del servicio público. En un ayuntamiento, el servicio de recogida de basuras sigue siendo público, independientemente del contrato que tengan los empleados del servicio de recogida de basura que sigue siendo municipal; y el servicio de autobuses urbanos seguirá siendo municipal, aunque la gestión del servicio la realice una empresa privada; y en una comunidad autónoma el servicio de ambulancias de emergencia sigue siendo público aunque el conductor y el sanitario no sean funcionarios. No debemos confundir las cosas.

Este sistema de gestión de servicios públicos también ha llegado a los servicios de bomberos* en España y en algunas administraciones de distintos ámbitos se ha externalizado este servicio pero el servicio de bomberos, sus parques, sus vehículos y los bomberos son públicos, trabajan para los ciudadanos y llevan los mismos uniformes y distintivos, sean o no sean funcionarios. Los ciudadanos no deberían notar la diferencia. La conclusión es que no hay “Bomberos privados” en España.

* En Estados Unidos es una tendencia imparable en poblaciones de menos de 50.000 habitantes. En 2012 ya había 256 empresas privadas trabajando para la administración que contrataban a 16.880 bomberos. Y siguen creciendo.

Publicado el 8 de agosto de 2014

Noticias veraniegas de bomberos

 Apenas una semana de vacaciones y al regreso me encuentro con un aluvión de noticias del mundo bomberil en España, de las que enumero las más llamativas (que conste que hay unas cuantas más):

·       Alcaldes de 64 pueblos y aldeas de la Raya de España y Portugal en Zamora, salen en defensa de sus voluntarios, dicen estar orgullosos de ellos, alaban su tarea y piden a UGT que les ”deje en paz y vivir tranquilos”.

·      La Diputación de Sevilla, al parecer, consciente de su escaso número de bomberos profesionales aprueba convocar 20 nuevas plazas. Buena noticia.

·      Ante una demanda del Sindicato Profesional de Bomberos un Juzgado de Sevilla ha condenado al Ayuntamiento de Sevilla y declarado nulas todas las comisiones de servicio de más de dos años. Ahora el Ayuntamiento dice que la aplicación de la Sentencia puede traer despidos y el sindicato se queja. ¡Es lo que tiene el agua sucia cuando se revuelve!

·       La Diputación de Pontevedra se hace cargo del Consorcio de bomberos de Pontevedra en aplicación de la Ley de Bases de Régimen Local. Esto irá pasando poco a poco con todos los consorcios.

·       Los bomberos de Ourense capital se quejan de que en algún día del verano algunos podrían ser solo 9 efectivos de guardia, ya que, al parecer, debido a que se han negado a hacer horas extras podría no alcanzarse el mínimo de 11 establecido.

·       Los de Torrelavega (Cantabria) dicen que algún día son solo un bombero, un conductor y dos mandos de guardia y que así no se pueden atender las emergencias. La verdad es que si parece que son pocos.

·        El Consorcio de Bomberos de Castellón prestará el servicio de extinción de incendios del aeropuerto de Castellón. Buena iniciativa integradora de funciones. A ver si se copia en otras provincias con aeropuertos (Esto ya ocurre en el de Lleida).

·      Bomberos de Valladolid que presta servicio al alfoz de la ciudad (los alrededores en un radio de aproximadamente 30 km.) solicita a esos ayuntamientos que suban su aportación económica de 145.000 € a 1 millón €, pues aproximadamente el 15% de las intervenciones son en el alfoz. Lógico. Es lo que pasa al tener un nuevo jefe de bomberos de verdad que se preocupa por la gestión del servicio y también por su financiación.

·       Se retrasa la creación del Consorcio de Bomberos de las Comarcas del Alto Aragón, porque según la Diputación General de Aragón, la Diputación de Huesca se resiste. A ver si hay acuerdo de una vez. Ya llevan quince años con este asunto.

·        Al Alcalde de Santiago de Compostela le gustaría llegar a un acuerdo con todas las partes implicadas para comarcalizar su servicio de bomberos, que ahora solo presta servicio en la capital y se está quedando obsoleto. Tiene razón. ¡Ojala lo logre!

·       En San Bartolomé de Tirajana, en el sur de la isla Gran Canaria, toda la plantilla del cuerpo de bomberos solicita el cese del jefe accidental de bomberos (un cabo del Consorcio de emergencias de Gran Canaria) y una sentencia judicial obliga a reponer en su puesto de jefe del cuerpo al anterior jefe de servicio (ex secretario de UGT en el ayuntamiento). Vaya conflicto en el que se ven mezclados asuntos como la incompetencia política, el sindicalismo, el enchufismo y el nepotismo. Difícil de resolver.

Es grato ver que hay actividad en los modos de gestión y en la organización de los servicios de bomberos, aunque observo que en todos los casos se apuesta por continuar con el modelo tradicional de servicios de bomberos del siglo XX,  que ya deberíamos haber superado, y tendríamos que estar organizando los servicios de bomberos del siglo XXI.

Publicado el 4 de agosto de 2014