jueves, 24 de julio de 2014

¿Cuándo una Comisión de investigación de incendios?


Tras un gran incendio como el del edificio Windsor, o tras el incendio de Guadalajara, u otros grandes incendios con gran número de víctimas o grandes pérdidas, o de gran impacto social, echo en falta una Comisión técnica, profesional e independiente que investigue lo ocurrido, averigüe todos los factores que han concurrido en el siniestro, obtenga conclusiones y plantee propuestas para que no se vuelvan a producir los mismos hechos. Pero esto, en España, no existe, y tampoco en ninguna de las Comunidades Autónomas.

El Ministerio de Fomento (Transportes) ha reproducido el modelo existente en los países anglosajones y desde hace bastantes años ha ido creado tres Comisiones de Investigación de Accidentes:
- CIAIM, Comisión de investigación de accidentes e incidentes marítimos (1988)
- CIAIAC, Comisión de investigación de accidentes e incidentes de aviación civil (1998)
- CIAF, Comisión de investigación de accidentes ferroviarios (2007)
 
 En ninguno de los tres casos lo ha sido por iniciativa propia, sino por mandato de la ONU en el ámbito marítimo en 1988, por una Directiva del Consejo de Europa en el ámbito aéreo de 1994, y por una Directiva de la Comisión europea en el ámbito ferroviario de 2004. 
 
Estas tres comisiones, con carácter general, tienen como fin principal realizar las investigaciones e informes técnicos de todos los accidentes graves para determinar las causas técnicas que los produjeron y formular recomendaciones al objeto de tomar las medidas necesarias para evitarlos en el futuro. Las investigaciones realizadas por estas comisiones no persiguen la determinación de responsabilidades ni la atribución de culpa.
 
Los documentos oficiales expresan que las comisiones son independientes en su funcionamiento y la mejor manera de garantizar su libertad es tener el más alto grado posible de independencia funcional. Claro que, no debemos de olvidar que, el presidente, la secretaría y los miembros que componen las comisiones son nombrados por el Ministerio. Tengamos presente que averiguar las causas de un accidente es descubrir los fallos, a veces de las organizaciones y de las personas que las dirigen, y en el caso de “Transportes”,las infraestructuras, a veces en régimen de monopolio pertenecen al Ministerio, así como un gran número de sus empleados, con las limitaciones que esto puede suponer para llevar a cabo una investigación imparcial y neutral. Veremos cuáles son las conclusiones técnicas de la investigación del accidente del tren Alvia en Angrois (Galicia) en julio de 2013. No obstante, creo que es muy bueno que los accidentes se investiguen desde una perspectiva técnica, al margen de las investigaciones judiciales donde pugnan todo tipo de intereses: individuales, corporativos, personales, mercantiles, sectoriales, gremiales, administrativos, políticos, e incluso judiciales. La Justicia tiene por objeto dirimir responsabilidades, busca culpabilizar y condenar, no tiene como objetivo investigar para prevenir y alguien tiene que hacerlo; este sería el papel de una comisión técnica de investigación de grandes accidentes. Además, los resultados de dichas investigaciones deben hacerse públicos.

Sin embargo, el Ministerio de Interior no adopta, ni parece que esté entre sus intenciones, ninguna iniciativa tendente a crear ninguna comisión de investigación desde una perspectiva preventiva, por lo que no parece que en un futuro próximo disfrutemos de las conclusiones y recomendaciones de una comisión investigadora de incendios, donde se analice no solo cuáles han sido las causas de los accidentes sino como ha sido la respuesta de las administraciones y de los servicios públicos.

Esperemos que no se les ocurra, tras leer estas líneas, encomendar dicha misión a la UME.

Publicado: 24 de julio de 2014



martes, 22 de julio de 2014

Voluntarios de Protección Civil

Por diversas razones, difíciles de explicar, los servicios de bomberos en España -en general- restringen sus actuaciones a la extinción de incendios y a la intervención en algunos salvamentos.

Es cierto que en los últimos 30 años han venido abordando nuevas competencias, pero así con todo siguen siendo bastante limitadas y aún no se aproximan a la amplitud de las que desarrollan otros servicios de bomberos más al norte de los Pirineos. Más limitadas todavía son las funciones que realizan los servicios de emergencia sanitaria, que además intentan desempeñar sus actuaciones en un régimen de exclusividad.


Por otra parte, sin embargo, nos encontramos con que los voluntarios y voluntarias de protección civil ofrecen un amplísimo abanico de actuaciones atendiendo casi todas las necesidades de los ciudadanos en todo tipo de emergencias: prestan asistencia sanitaria en todo tipo de accidentes; servicios de orden en la celebración de espectáculos, en acontecimientos culturales de participación masiva; realizan vigilancias; búsquedas en el monte; socorrismo y salvamento en las playas, rios y pantanos; regulan el tráfico; participan en la divulgación a la sociedad de medidas de prevención; en las emergencias catastróficas han demostrado su utilidad atendiendo a la población salvando a los ciudadanos, trasladando damnificados, repartiendo alimentos, atendiendo albergues, limpiando, barriendo, etc., etc., etc. Y además colaboran con todos los demás servicios públicos. En definitiva, haciendo lo que haga falta hacer. ¡Con entusiasmo!

Los voluntarios de protección civil, algunas veces ninguneados por los profesionales, muestran una excepcional disposición al sacrificio en beneficio de la sociedad, cuidan con celo sus materiales e instalaciones, tienen ganas de aprender, se forman en su tiempo libre, quieren ayudar a sus semejantes, y cuando piden algo es para servir de manera altruista a la comunidad. E incluso, se dedican a buscar fondos para poder financiar sus costes de funcionamiento y muchas veces ponen dinero de su bolsillo. ¿Quién da más?
Publicado el 22 de julio de 2014

jueves, 17 de julio de 2014

Sindicato contra turnos de más de 8 horas

El Sindicato Profesional de Policía y Bomberos denuncia que el concejal y el jefe de Policía local de Sagunto (Valencia) toleran la realización de turnos dobles.

Aquellos que pertenecen al sector bomberil en España no se creerán lo que están leyendo pues sabido es que todos los sindicatos que tienen bomberos entre sus afiliados defienden, a capa y espada, la jornada laboral continuada de 24 horas, realizando tres turnos seguidos de ocho horas. Naturalmente el titular tiene su explicación, se refiere solamente a los policías pues al parecer, se ha permitido la realización de turnos dobles, es decir, que un mismo policía realice turnos de 16 horas seguidas. Así pues, parece que está claro que la protesta sindical no se refiere a los turnos de los bomberos y va dirigida solamente al régimen de jornada laboral de los policías.

Veamos lo que expone el sindicato de policía y bomberos para elevar su denuncia: “Resulta obvio que un policía no debe encontrarse en las mismas condiciones psicofísicas ni psicomotoras tras 14 ó 15 horas trabajadas sin parar, ya que un policía no debe encontrarse ni por asomo en las mismas condiciones para utilizar con aptitud y habilidad el arma del fuego, conducir vehículos de urgencias o para actuar diligentemente ante una situación grave. Estos policías lo harán con sueño, cansancio, estrés, falta de atención y falta de pericia psicomotora, lo que podría provocar situaciones fatales

Creo que el sindicato tiene razón. Estoy absolutamente de acuerdo con su alegato. Es más, creo que tratándose de un sindicato de policía y bomberos para ser coherente debería solicitar lo mismo para los miembros del cuerpo de bomberos. Excepto lo del uso del arma, todas las demás razones mencionadas son de estricta aplicación a los bomberos, incluso agravadas, ya que son vehículos pesados los que conducen los bomberos. Aunque, mucho me temo que esta protesta vaya más dirigida contra el jefe de policía y contra el concejal y contra los policías que doblan turno (beneficiándose del cobro de las horas extraordinarias y que quizás no pertenezcan al sindicato denunciante) que contra el hecho de prolongar la jornada laboral más allá de lo razonable desde el punto de vista de la seguridad e higiene en el trabajo.

Sin duda, esta denuncia podría ser suscrita por cualquier sindicato de clase cambiando la palabra policía por trabajador. Lo incongruente es que cuando se trata del servicio de bomberos las razones de prevención de riesgos laborales en la limitación de la jornada laboral no se aplican. Quizás sea porque se tiene asumido que los cuerpos de bomberos están constituidos por superhombres con capacidades de aguante superiores al resto de los trabajadores. ¿Será por eso?

Publicado el 17 de julio de 2014

martes, 15 de julio de 2014

Denuncias sindicales a los políticos

Leo con cierto estupor en la prensa de ayer (La opinión de Málaga) que un sindicato del Real Cuerpo de bomberos de Málaga ha enviado una carta a su Alcalde denunciando que la participación de los efectivos del cuerpo en un simulacro del metro dejó “totalmente inoperativos” dos parques de bomberos de la ciudad. Además, se puede leer en el mismo artículo que “el parque de Martiricos (Parque Central de Bomberos de Málaga) se quedó durante una hora inoperativo al coincidir la hora del simulacro con el desayuno”. No voy a hacer ningún comentario sobre la duración del desayuno de los funcionarios.

A las dotaciones mencionadas no se las envió a casa, fueron a trabajar en una de sus actividades propias, y estuvieron todo el tiempo dentro del término municipal y además estaban movilizables y listas para intervenir. ¿Dónde está el problema?
Entiendo que participar en los simulacros de emergencia de las infraestructuras críticas de la ciudad como puede ser el metro, no es que sea bueno, es que tiene que ser obligatorio. Los miembros de los servicios de bomberos tienen demasiado tiempo de inactividad en los parques y deben tener más interacción con la ciudad y los ciudadanos. El objetivo de un servicio de bomberos profesional no tiene que ser “Actividad Cero”, sino “Cero Muertos” para lo que hay que implicarse más en la prevención. Realizar simulacros de emergencia antes de que se abran las líneas de metro es una actividad preventiva y formativa que no solo contribuye a mejorar la seguridad de la ciudad sino también de los propios bomberos.

Sin duda los sindicatos han contribuido notablemente en el Estado de bienestar que hemos alcanzado y deben seguir cumpliendo con su fin principal, que no es otro que defender los derechos de los trabajadores, tanto a nivel salarial, como del resto de las condiciones laborales, seguridad en el trabajo, etc. ; pero no les corresponde a ellos la organización y dirección de los servicios públicos.

Por supuesto que realizar críticas a la corporación entra dentro de sus libertades, pero alarmar a la población alegando inseguridad ciudadana, porque parte de las dotaciones de guardia de la ciudad participan en un simulacro no parece razonable. Quizás así, el sindicato en cuestión obtenga notoriedad y gane afiliados, pero la denuncia pública al Alcalde no parece que persiga en nada la mejora de las condiciones de sus afiliados. La defensa de la seguridad de los ciudadanos no le corresponde a ese sindicato, ni a ningún otro, no es su función, para eso, nos guste o no, los ciudadanos han elegido unos políticos que mejor o peor desempeñan su responsabilidad. Para eso están. Si lo hacen mal, mala suerte, deberemos elegir mejor la próxima vez, pero no debemos sustituir a los políticos por sindicalistas.

Y tampoco olvidemos que para la gestión técnica de los servicios de emergencia están las jefaturas, a los jefes, mandos y técnicos les corresponde esa misión.

Publicado el 15 de julio de 2014

viernes, 11 de julio de 2014

La resiliencia en emergencias ¿Qué es?


La resiliencia es un nuevo concepto de la planificación de emergencias y protección civil, que antes se utilizaba en mecánica para los materiales: metales, plásticos, etc.; luego se aplicó en psicología a las personas; y ahora se ha adaptado a las comunidades humanas, a la empresa, a la ecología, al medio ambiente y también a las regiones y ciudades; y lo oiremos hablar y lo mencionaremos mucho en los próximos años.

Ahora, la palabra resiliencia aparece con una nueva significación aplicada a la planificación de emergencias y protección civil. El término, con el nuevo sentido, comienza a desarrollarse a partir de la segunda Conferencia mundial de la ONU sobre reducción de desastres que tuvo lugar en Japón en 2005 y que alumbró el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015 para el aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres.  La nueva acepción del término “resiliencia” aplicado a las comunidades y ciudades trata de la capacidad de hacer frente a las adversidades, en general a los desastres y catástrofes naturales y en particular a las amenazas relacionadas con los efectos del esperado cambio climático, como olas de calor, sequías, disminución de las reservas de agua, o aumento de las lluvias, inundaciones más severas, elevación de la altura del mar, etc., etc.
La resiliencia de las naciones, regiones y ciudades ha de ser una nueva meta para los gobiernos y gobernantes nacionales, regionales y locales que han de lograr que la reducción de los riesgos de desastres sea una prioridad, para lo que se ha de anticipar el conocimiento de los riesgos, concienciar a los ciudadanos, reducir en lo posible los factores de los riesgos y estar preparados para actuar.

Las ciudades del futuro no serán las que tengan mejores contingentes de respuesta a la emergencia sino las que hayan detectado sus vulnerabilidades ante los desastres y hayan preparado para ello a todos sus ciudadanos y a sus organizaciones civiles. Un difícil reto para un sistema de gobernanza acostumbrado a reaccionar y tomar medidas después de los desastres y para una sociedad civil demasiado habituada a esperar que su administración le resuelva sus problemas.
Creo que el futuro del concepto confuso y difuso que hemos venido llamando “protección civil” camina en esa dirección. Nos encontramos ante un concepto avanzado de protección civil: la auténtica planificación de emergencias.
Publicado el 11 de julio de 2014

martes, 8 de julio de 2014

Bomberas

En el mes de Febrero de 2011 los medios de comunicación españoles, en especial, la prensa diaria y la televisión, se hacían eco de una denuncia pública por parte de algunas opositoras al Cuerpo de bomberos de Madrid en el que exponían que las pruebas físicas exigidas en las Bases para acceder mediante oposición a las plazas de bomberos del Ayuntamiento de Madrid se producía una discriminación contra la mujer y que se vulneraba la Ley de Igualdad.

Generada la polémica, hubo, como en muchos otros aspectos de la vida, división de opiniones. Hace ya muchos años que los cuerpos policiales españoles empezaron a reclutar mujeres entre sus efectivos; las policías locales, la policía nacional y la guardia civil lo hicieron rebajando para las mujeres las condiciones físicas de acceso basándose en las diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres. Pero, no por ello las mujeres españolas acudieron en masa a optar a estos puestos. Lo mismo ocurrió en el Ejército español. Las condiciones de acceso se adaptaron a las condiciones físicas de la mujer lo que permitió que el sexo femenino se incorporase poco a poco entre los militares, y los españoles nos hemos acostumbrado a ver mujeres vestidas con el uniforme de soldado y progresivamente en las distintas categorías y escalafones castrenses.

Sin embargo la mayoría de los cuerpos de bomberos españoles permanecieron refractarios a esta tendencia social. La tradición en los servicios de bomberos pesa mucho y la forma de pensar convencional exponía la justificación de que hay que establecer un perfil mínimo de las condiciones físicas que se necesitan para ser bombero, da igual que sea hombre o mujer. La defensa de esta argumentación se basa en que el ciudadano que va a ser atendido en una emergencia tiene derecho a que se le garantice que las condiciones físicas de la persona que le socorre ha cumplido el requisito mínimo de ese perfil preestablecido y que el rescatador, independientemente de su sexo, reúne las condiciones de fortaleza física necesaria para salvarle. Este argumento en defensa de los derechos de los ciudadanos es, sin duda, impecable, pero analizado desde la teoría garantista (revelando las diferencias entre los derechos jurídicos y la contradictoria realidad) observamos, que luego, en la práctica no se cumple, pues pocos son los bomberos que con el paso de los años siguen manteniendo las condiciones físicas que le fueron exigidas en el momento de su acceso al puesto y sin embargo no se duda de su capacidad y aptitud para ejercer el puesto de bombero.

Incluso nos hemos podido encontrar, en diversas administraciones, con oposiciones a bombero, que en sus Bases no recogen distintas pruebas físicas entre hombres y mujeres y sin embargo, publican unos límites distintos a cada prueba en función de franjas de edad, por lo cual se acepta que no todos los miembros del servicio de bomberos deban de cumplir con el mismo perfil mínimo. De este modo, se está reconociendo implícitamente que, las condiciones físicas, que se afirmaba categóricamente que han de cumplir todos los miembros del cuerpo de bomberos, ya no son necesarias con el paso de los años.

A pesar de la tradición inmovilista, en los últimos años se ha comenzado a perfilar tímidamente una nueva postura que acepta unos límites inferiores para las pruebas físicas de las mujeres en las oposiciones de bomberos. Aunque en alguna Administración esta diferencia era casi simbólica, establecida más para la galería que para igualar oportunidades; por ejemplo, en la prueba del salto de longitud con los pies juntos, se fijaba el mínimo para los hombres en 2,35 metros y en 2,30 metros para las mujeres; un ridículo 2% de rebaja en la marca exigida. 

Y así, aunque algunas mujeres lo podían tener un poco más fácil, sin embargo, no hubo una afluencia masiva a las convocatorias. Parece ser que la profesión de bombero no se encuentra entre las preferencias vocacionales de la mayoría de las mujeres, pues lo cierto es que son pocas las mujeres que quieren ser bombero o bombera. Claro que esto quizás cambie con el devenir de los tiempos.
El conflicto de posturas sobre este punto no es nuevo. Uno de los temas más calientes del Foro del portal www.aptb.org siempre ha sido la discusión sobre si las pruebas físicas de acceso al servicio de bomberos han de ser iguales o diferente para hombres y mujeres. También ha sido uno de los temas más tratados en las encuestas del mismo portal de la APTB. Veamos algunos de los resultados de las encuestas realizadas.

En la encuesta de la web de APTB del mes de junio de 2004 se preguntaba: ¿Crees que los hombres y mujeres deberían superar idénticas pruebas físicas para incorporarse a los Servicios de Bomberos?  Y la respuesta era, por entonces abrumadora, el 89,8 % de los votantes opinaba que sí, y tan solo el 10,2 % que no. Así de rotundo. Claro que se puede pensar que muchos de los usuarios de esta web son opositores masculinos a bomberos y por lo tanto algunos de los votantes de la encuesta pueden defender con su voto una mayor posibilidad de alcanzar su deseada plaza si las mujeres, en su mayoría, quedan excluidas, de facto, por su condición física.

Con otro enfoque y con otra intención, en el mes de septiembre de 2005 en la mencionada web de aptb.org se colgaba la siguiente encuesta: ¿Se debe exigir y controlar periódicamente un mínimo de aptitud física a todos los bomberos? Y la victoria del SI (98%) sobre el NO (2%) fue demoledora. Ha sido la encuesta de respuesta más unánime de las preguntas que se llevan haciendo desde del año 2004. Según este resultado, llevando a la práctica la justificación de la exigencia de un mínimo de condiciones físicas -que es la principal causa de que las mujeres no puedan presentarse a las oposiciones a bomberos-, debería ser apartado del servicio activo cualquier bombero que perdiese las facultades físicas que se le exigieron cuando entró al servicio de bomberos.

Aunque siendo una pregunta conceptualmente diferente se abordaba el mismo tema en la encuesta de agosto de 2006 que interrogaba: ¿Debe llegarse a la paridad hombres/mujeres mediante discriminación positiva en los parques de bomberos? Y la respuesta ganadora fue el NO (79,3%) frente al SI (20,7%).

En abril de 2007 se planteaba otra pregunta sobre las oposiciones a las plazas de bombero: ¿Se deberían unificar en el ámbito estatal los criterios de acceso en las oposiciones de bomberos? El resultado: SI (89%) NO (11%). Aquí, resulta llamativo que hay más de un 10% de votantes que opinan que no deben ser unificados los criterios para las oposiciones, o sea que piensan que cada cual en su servicio que convoque a su aire y según su conveniencia.

Más tarde, en diciembre de 2008, se hacía una pregunta muy parecida a la inicial: ¿Debe haber los mismos baremos en las pruebas físicas de las oposiciones para hombres y mujeres? Y el resultado de la encuesta no fue muy diferente, igual de contundente, pero un 5% más desfavorable para las mujeres: SI (94,7%) NO (5,3%). Dicen que en tiempos de gran desempleo se exacerba el machismo que pretende reservar los pocos puestos de trabajo disponibles para los hombres.

De todas formas, antes de dar una respuesta rotunda a este pequeño conflicto social quizás hayamos de respondernos algunas preguntas.

¿Es o no es lógico que los bomberos de una ciudad tengan que cumplir distintos requisitos que los bomberos de la misma provincia o de una ciudad vecina? ¿Acaso todos los ciudadanos españoles no deben tener el mismo derecho a tener los mismos derechos y estar asistidos por bomberos perfectamente capacitados? Si los requisitos son distintos, ¿Se ha equivocado alguna de las ciudades al establecer sus Bases de convocatoria? ¿Por qué no rectifica el que esté equivocado? ¿Podría ser que los técnicos y científicos (o políticos) que han establecido un determinado perfil físico para ser bombero, se hayan equivocado al fijar sus mínimos? ¿Por qué no se aborda este espinoso tema en la Comisión Nacional de Protección Civil y se adopta entre todos un Programa único de acceso a Bomberos para toda España? No sabemos porque no se hace, hemos de suponer que, además de la falta de interés e intención, debe de ser dificilísimo ya que tampoco se están unificando criterios por CCAA, donde debería ser más fácil ponerse de acuerdo entre unos pocos.

Son misterios sin resolver de la jungla bomberil de la piel de toro.

(Publicado en la sección “Llamaradas” de la revista Emergencia 112 nº 103 de junio de 2014)

 

viernes, 4 de julio de 2014

Peligro para el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria

 
Los ayuntamientos que componen el Consorcio de Emergencias de Canarias cuestionan su viabilidad y plantean la disolución del consorcio.
 
En el pasado mes de mayo se alcanzó un principio de acuerdo con el comité de empresa para poner fin a un año y medio de conflicto laboral (una extraña huelga que tenía carácter permanente). Se accede a rebajar en 5 jornadas de 24 horas la jornada laboral anual (120 horas menos) y a aumentar la plantilla. Pero los empleados públicos en asamblea no han aceptado las condiciones acordadas, ante lo cual los alcaldes y ediles de los ayuntamientos consorciados han reaccionado.
 
La pasada década, el Gobierno de Canarias favoreció la implantación de Consorcios de bomberos en algunas de las islas, estableciéndose un sistema de financiación compartida en que el gobierno contribuía con una parte del presupuesto (en el caso del Consorcio de Gran Canaria con el 20% del presupuesto). Y el año pasado, de forma unilateral el Gobierno Canario decidió no participar más en los Consorcios que él mismo promovió, retirándoles la asignación comprometida. Alegó que los recortes del Estado le obligan a prescindir del gasto de más de 4 millones de euros que le supone la participación en los Consorcios de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote y que realmente no tiene competencias en esta materia.
 
Por esta razón el Cabildo de Gran Canaria que aporta el 40% del presupuesto del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria (el otro 40% es aportado por los ayuntamientos) aseguró que la salida del gobierno supondría la disolución del Consorcio. Además, indicó que si el Gobierno se retira se debería llevar la parte de funcionarios que le corresponde proporcionalmente. El Cabildo anunció que presentaría una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra tal decisión. En 2014 el Gobierno canario solo aportará 1,1 millones de euros en vez de los 2,6 millones que supondría su cuota del 20%.
 
Ahora, Los municipios consorciados presentan «una postura unánime» ante las demandas laborales de los bomberos, que tildan de «insaciables», y resaltan que el preacuerdo alcanzado con el comité de huelga «era muy generoso, porque se cedió bastante, tanto que varios alcaldes estaban en contra, pero los bomberos lo han rechazado».
 
Difícil situación para un Consorcio de Bomberos que nació con el pecado original de constituirse con una dirección política, sin jefaturas ni mandos técnicos, y que le ha llevado a padecer males endémicos de difícil solución.
 
Por lo que sé, varios ayuntamientos tienen ya preparado el establecimiento de servicios de bomberos propios mediante el sistema de gestión indirecta a un coste mucho menor.
 
¿Tomarán la decisión de disolver el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria? ¿Tendrán “agallas” para ello? ¿Mantendrán la postura hasta sus últimas consecuencias o se trata solo de un órdago? ¿Qué efectos prácticos tendrá esto? ¿Repartirán a los funcionarios por los entes consorciados? ¿Echarán marcha atrás los bomberos en sus peticiones?
 

La respuesta a estas preguntas en un par de semanas.

Publicado el 4 de julio de 2014
 


jueves, 3 de julio de 2014

Seguridad en las Fiestas populares

En la noche del 24 de junio de 2014 se produjo un accidente grave en las fiestas de San Joan, en Ciudadella, en la isla de Menorca (Islas Baleares).
 
Un jinete al galope colisionó con un joven que al parecer no guardaba la distancia de seguridad y se desequilibró impactando contra un matrimonio catalán jubilado. Matrimonio y jinete resultaron heridos y hospitalizados. La mujer de 66 años, quedó inconsciente, fue trasladada a un hospital de Mallorca y falleció cinco días después.
  
La familia de la fallecida, además de quejarse por la mala gestión municipal del accidente y del abandono (dicen que hasta tres días más tarde no consiguieron hablar con algún responsable municipal), ha anunciado que denunciará al Ayuntamiento exigiendo responsabilidades por el accidente y para que se mejore la gestión de la seguridad en las fiestas.

Una semana después, el alcalde de Ciudadella, en un gesto que le honra, ha anunciado su decisión irrevocable de dimitir, asume “la responsabilidad de lo ocurrido” y reconoce que “hay cosas que se han hecho mal”.

Planificación de la seguridad
Este suceso nos trae a la palestra nuevamente el debate sobre la seguridad de las fiestas y festejos populares. Como todo el mundo sabe, la seguridad de este tipo de festejos es una responsabilidad del organizador, o sea, del ayuntamiento. Pero, suele pasar que las administraciones son muy rigurosas cuando han de exigir el cumplimiento de la ley y las normas a los demás y poco escrupulosas cuando se han de aplicar la ley ellas mismas. No dudan en permitir un acto o no autorizar un espectáculo cuando se incumple el aforo, pero el propio ayuntamiento no adopta las medidas necesarias cuando se concentran miles de personas y se generan situaciones de riesgo elevado. Muchos festejos de ciudades españoles alcanzan concentraciones multitudinarias, buscadas y deseadas por los responsables municipales, para las que no se han planificado servicios públicos suficientes. Muchos concejales y alcaldes alardean públicamente que cada año tienen más miles de participantes en su festividad, sin que los recintos festivos estén preparados para una masificación mal prevista, ni dispongan de un somero análisis de riesgos, ni plan de autoprotección riguroso. Son demasiados los festejos que son atendidos exclusivamente por personal voluntario, que sin desmerecer su trabajo, hacen más de lo que les corresponde.
 
Ojalá, Ciudadella sirva de ejemplo este año, no para que dimitan los alcaldes, sino para que sean conscientes de que sus fiestas patronales pueden entrañar un riesgo para los ciudadanos y que su obligación es que nadie que vaya a disfrutar de ellas salga lesionado o, peor aún, que pierda la vida.
¡Así que, a poner medidas de prevención!
 
Publicado el 3 de julio de 2014