Los ayuntamientos que componen el
Consorcio de Emergencias de Canarias cuestionan su viabilidad y plantean la
disolución del consorcio.
En el pasado mes de mayo
se alcanzó un principio de acuerdo con el comité de empresa para poner fin
a un año y medio de conflicto laboral (una extraña huelga que tenía carácter permanente).
Se accede a rebajar en 5 jornadas de 24 horas la jornada laboral anual (120
horas menos) y a aumentar la plantilla. Pero los empleados públicos en asamblea
no han aceptado las condiciones acordadas, ante lo cual los alcaldes y ediles
de los ayuntamientos consorciados han reaccionado.
La pasada década,
el Gobierno de Canarias favoreció la implantación de Consorcios de bomberos en
algunas de las islas, estableciéndose un sistema de financiación compartida en
que el gobierno contribuía con una parte del presupuesto (en el caso del
Consorcio de Gran Canaria con el 20% del presupuesto). Y el año pasado, de
forma unilateral el Gobierno Canario decidió no participar más en los
Consorcios que él mismo promovió, retirándoles la asignación comprometida.
Alegó que los recortes del Estado le obligan a prescindir del gasto de más de 4
millones de euros que le supone la participación en los Consorcios de Gran
Canaria, Tenerife y Lanzarote y que realmente no tiene competencias en esta
materia.
Por esta razón
el Cabildo de Gran Canaria que aporta el 40% del presupuesto del Consorcio de
Emergencias de Gran Canaria (el otro 40% es aportado por los ayuntamientos)
aseguró que la salida del gobierno supondría la disolución del Consorcio.
Además, indicó que si el Gobierno se retira se debería llevar la parte de
funcionarios que le corresponde proporcionalmente. El Cabildo anunció que
presentaría una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra
tal decisión. En 2014 el Gobierno canario solo aportará 1,1 millones de euros
en vez de los 2,6 millones que supondría su cuota del 20%.
Ahora, Los
municipios consorciados presentan «una postura unánime» ante las demandas laborales
de los bomberos, que tildan de «insaciables», y resaltan que el preacuerdo
alcanzado con el comité de huelga «era muy generoso, porque se cedió bastante,
tanto que varios alcaldes estaban en contra, pero los bomberos lo han
rechazado».
Difícil
situación para un Consorcio de Bomberos que nació con el pecado original de constituirse
con una dirección política, sin jefaturas ni mandos técnicos, y que le ha
llevado a padecer males endémicos de difícil solución.
Por lo
que sé, varios ayuntamientos tienen ya preparado el establecimiento de servicios
de bomberos propios mediante el sistema de gestión indirecta a un coste mucho
menor.
¿Tomarán
la decisión de disolver el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria? ¿Tendrán “agallas”
para ello? ¿Mantendrán la postura hasta sus últimas consecuencias o se trata
solo de un órdago? ¿Qué efectos prácticos tendrá esto? ¿Repartirán a los
funcionarios por los entes consorciados? ¿Echarán marcha atrás los bomberos en sus peticiones?
La respuesta a estas preguntas en un par de
semanas.
Publicado el 4 de julio de 2014
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