En aquel
momento yo era el secretario general de la APTB y, cuando aún no se había
realizado ninguna investigación del incendio, aproveché la circunstancia para escribir
un artículo de opinión que los grandes periódicos del país rechazaron. Tan solo
lo publicó el ABC con alguna mutilación del texto. Al cumplirse ayer, día 12 de febrero, 10 años
del suceso y releer aquel artículo me he percatado que las
cosas apenas han cambiado y he pensado que podría resultar de interés para algún
lector de este blog. Como era muy largo, y abordaba otras cuestiones,
he decidido reproducir las partes que se refieren más estrictamente al incendio
en cuestión.
Las personas
cambian con el paso de los años, pero los hechos ocurridos no cambian, si acaso cambia
la perspectiva con que los observamos y los juicios que emitimos. El artículo
está escrito hace diez años, y si lo tuviese que escribir hoy, desde otro puesto, probablemente no lo
haría exactamente gual; habría matices y otros enfoques, pero así fue escrito en aquel momento y creo que hoy casi mantiene plena vigencia y podría usarse para otro incendio similar que se produjese hoy -diez años después-.
Como se ve la
mayoría de los interrogantes quedaron sin respuesta.
"Incendio en el Windsor. Podía pasar.
En Madrid, la capital de España, una de las
ciudades más modernas del mundo occidental, de uno de los países más
industrializados del mundo, que cuenta con una legislación de protección contra
incendios (en adelante PCI) relativamente reciente, un Cuerpo de Bomberos
numeroso y dotado de moderno equipamiento, con buenas empresas instaladoras y
mantenedoras de instalaciones contra incendios, con grandes compañías
aseguradoras que se supone que cuidan por sus intereses y con políticos que
continuamente pregonan que velan por la seguridad de los ciudadanos, hemos
visto en directo cómo ardía un edificio emblemático con la impotencia de no
poder hacer nada para apagarlo.
La
conclusión inmediata a los hechos es que el Incendio del WINDSOR ha sido un
fracaso colectivo.
A estas alturas resulta evidente lo que ya
tantos expertos, analistas y colegas han concluido: han fallado muchas cosas;
ha fallado casi todo. Falló: la legislación de prevención de incendios que
tiene como fin que esto no ocurra, la detección del incendio, la transmisión de
la alerta, la rápida transmisión de la alarma al Servicio de Bomberos, el
diseño de la compartimentación del edificio que permitió que se propagase, el
arquitecto que no previó que se podía producir un incendio como éste y no tuvo
en cuenta dotar al rascacielos con instalaciones contra incendios más eficaces
como los rociadores automáticos, el mantenimiento de las instalaciones de lucha
contra incendios, el plan de emergencia del edificio, la formación de los
vigilantes, faltó el agua en las instalaciones del edificio... Y algo más tuvo
que pasar para que el Servicio de Bomberos de Madrid no pudiese apagar este
incendio. No es el primer edificio que se ha incendiado en Madrid y hasta ahora
siempre los han apagado así que se ha de reflexionar sobre lo ocurrido,
detectar los fallos y adoptar las medidas correctoras para el futuro.
Suponemos que las investigaciones en curso
serán capaces de determinar algunas de las incógnitas del Incendio del WINDSOR.
Pero, sin entrar en al análisis de las causas
y orígenes del incendio podemos presumir que había serias carencias o al menos
podemos hacernos algunas preguntas que hoy por hoy no tienen respuestas.
-
¿Había un diseño
adecuado de la compartimentación del edificio para evitar la propagación del
mismo?
-
¿qué sabía el arquitecto
sobre PCI en el momento en que diseñó el edificio?
-
¿por qué el incendio
acaba propagándose hacia abajo, lo que no es habitual en incendios de edificios
similares?
-
¿tenía el edificio un
plan de emergencia bien elaborado y se había realizado la implantación del
mismo?
-
¿funcionó la detección
de incendios?
-
¿funcionó la transmisión
de la alarma?
-
¿cuánto tiempo
transcurre desde que se inició el incendio hasta que se activa la detección?
-
¿cuánto tiempo
transcurre desde que los vigilantes saben de la existencia del incendio hasta
que avisan a Bomberos?
-
¿qué formación tenían
los vigilantes en materia de extinción de incendios?
-
¿funcionaron
adecuadamente las mangueras (BIEs) del edificio? ¿Había presión suficiente? Y
si no la había ¿por qué no?
-
¿el mantenimiento de las
instalaciones de PCI era adecuado? Y si no lo era ¿por qué no?
-
¿qué formación sobre la
materia habían recibido los empleados de la empresa de mantenimiento?
-
¿actuó bien el Servicio
de Bomberos fiándose de que las instalaciones de PCI del edificio funcionarían?
-
¿podía el Cuerpo de
Bomberos haber utilizado otra táctica que hubiese permitido extinguir el
incendio?
- ¿afectó el síndrome del
11-S a los responsables de Bomberos por temor a que el edificio se viniese
abajo y priorizaron prematuramente la seguridad de su personal?
-
El turno de bomberos que
intervino llevaba de guardia desde las ocho de la mañana: ¿si los bomberos no
llevasen más de 12 horas de jornada laboral cuando se inició el incendio,
podrían haberlo apagado?
Hay algunos aspectos de este incendio sobre
los que nada se ha dicho públicamente y corresponde a nuestra asociación poner
el dedo sobre la llaga.
Analicemos algunas de las variables que han
participado en este incendio. En cuanto a la legislación en materia de
prevención de incendios, España es uno de los pocos países que carece de una
Autoridad nacional de Incendios, por lo que la legislación en materia de PCI es
competencia de cada uno de los Ministerios: así existe legislación sobre
incendios del Ministerio de Interior en los espectáculos públicos, del
Ministerio de Fomento en los puertos y aeropuertos, del Ministerio de Sanidad
en Hospitales, del Ministerio de Comercio y Turismo sobre los Hoteles. La
seguridad en las cárceles depende del Ministerio de Justicia y en los cuarteles
del Ministerio de Defensa, mientras que la seguridad en los camiones y
autobuses depende de Transporte. ¡Ah! Y los incendios forestales en el campo,
en las cosechas y en los bosques dependen del Ministerio de Medio Ambiente. Y
por ejemplo, no existe legislación nacional contra incendios aplicable a las
estaciones del transporte o los túneles de metro o de carretera. ¡A que parece
hecho adrede en plan de cachondeo!
Y por si fuera poco, la legislación que
regula las instalaciones de protección contra incendios dependen del Ministerio
de Industria y por ejemplo la instalación de hidrantes (esos aparatos rojos que
se ponen en la aceras para que cuando llegue el vehículo de bomberos tenga agua
con el que abastecer sus mangueras y apagar los incendios) depende de cada uno
de los 8.000 ayuntamientos españoles, pues es una competencia municipal. La
anchura de una calle y los obstáculos urbanos que determinan si un vehículo de
bomberos puede llegar o no hasta la fachada de un edificio, se considera en
España una cuestión de diseño urbanístico y por tanto es también competencia municipal mientras que en
Europa, por ser una cuestión de seguridad de las personas es una competencia
del Ministerio del Interior. Un ejemplo de este problema es que los vehículos
de bomberos no se pueden aproximar a ninguna de las fachadas de la Torre Picasso
de 157 metros de altura (referente del moderno Madrid) ya que está situada en
el centro de una plaza a la que no pueden entrar los camiones de bomberos.
La principal legislación española en materia
de PCI en la Edificación es la NBE.CPI.96 (que depende de la Dirección General
de la Vivienda). En virtud de esta Norma existe un Comité Permanente de las
Condiciones de Protección Contra Incendios encargado de velar por la
aplicación, la interpretación y la actualización de esta normativa. Pues bien,
este Comité no se ha reunido desde el año 1996 a pesar de nuestras reiteradas
denuncias.
Desde nuestra asociación hemos venido reclamando
insistentemente, con poco éxito, que en los reglamentos de protección contra
incendios se tengan en cuenta los criterios expresados por los técnicos de los
Servicios de Bomberos y que en la legislación se recoja que los Servicios de
Bomberos realizarán el control y la aplicación de esta normativa. Es más, en
muchas de las Normas y Reglamentos que regulan la PCI en España ni se menciona
a los Servicios de Bomberos (deliberadamente).
La realidad es que la normativa estatal de
PCI se realiza desde un despacho de un Ministerio de la Castellana sin contar
con la participación de los auténticos conocedores de los incendios que son los
responsables técnicos de los Servicios de Bomberos y eso no es admisible.
En toda Europa está establecido que el control
de los proyectos urbanísticos y de edificación, las licencias de actividad y
organización de espectáculos depende de los departamentos de Prevención de los
Servicios de Bomberos, pero, España es diferente.
Otro aspecto negativo es que las leyes de PCI
se promulgan sin carácter retroactivo, con lo cual resulta que la seguridad de
los ciudadanos no es un derecho igualitario para todos, si no que depende de la
antigüedad del edificio en que se vive, trabaja o visita. Esto es
incomprensible, cualquier medida que afecte a la seguridad de las personas ha
de tener carácter retroactivo, como se hizo por ejemplo en la seguridad de los
ascensores.
Tampoco están regulados los Servicios de
Bomberos a nivel nacional. Existe la Ley de Bases de Régimen Local del año 1985
que establece la obligatoriedad de que los Ayuntamientos de más de 20.000
habitantes cuenten con un Servicio de extinción de Incendios pero son muchas
las ciudades que nunca cumplieron esta Ley y al día de hoy no cuentan con este
Servicio. Esta Ley determina que los ciudadanos que viven en ciudades de menos
de 20.000 habitantes no tienen derecho a ser asistidos por un Servicio de
Bomberos en caso de incendio. Por otra parte, tampoco existe Ley, Norma o
Reglamento nacional que diga qué es un Servicio de Bomberos, ni cuáles son sus
funciones, por lo cual un Alcalde puede determinar que unos pocos funcionarios
vestidos de uniforme y con un casco vistoso que tienen un camión rojo
constituyen un flamante Cuerpo de Bomberos.
España tiene pendiente la modernización de la
organización de los Servicios de Bomberos, que no solo consiste en la
adquisición de vehículos y herramientas cada vez más modernas y sofisticadas.
Hay que transformar los tradicionales apagafuegos en verdaderos profesionales
de la emergencia y cuyo fin principal sea la prevención, o sea evitar los
incendios.
Otra anécdota curiosa si cabe, es que en
España no sabemos cuantos incendios hay al año, ni tan siquiera cuantas
personas mueren debido a los Incendios. No existe una estadística estatal sobre
incendios o intervenciones de Bomberos. Si le preguntamos al Ministro del
Interior cuantos muertos por accidentes de tráfico hubo el año pasado, seguro
que se lo sabe de memoria, pero, si le preguntamos por el número de muertos por
incendio el pasado año o el anterior (y eso que la responsabilidad de las
estadísticas nacionales de Bomberos es de su Ministerio) nos mirará como las
vacas al tren.
Como conclusión, el colectivo de Jefes,
Mandos y Técnicos de Bomberos de España nos vemos en la obligación de exigir:
§ Una
Autoridad o Agencia nacional que sea competente en materia de Incendios, o al
menos la creación de una Dirección General de Bomberos.
§ Establecer
la retroactividad de la legislación de prevención de incendios en todo lo que
afecte a la seguridad de las personas.
§ Una Ley
Nacional de Incendios que garantice el derecho a la protección contra Incendios
a todos los ciudadanos españoles.
§ Promulgar
Una Ley Marco que regule la prestación de los Servicios de Bomberos en España y
que recoja la obligatoria función de prevención de incendios dentro de los
Servicios de Bomberos.
Sabíamos que esto podía pasar, nos temíamos
que pudiese ocurrir y finalmente ha sucedido. ¿Alguien va a hacer algo para que
esto no vuelva a ocurrir? Nos tememos que no.
En todo caso, si algún órgano de la
Administración o incluso algún partido político está dispuesto a corregir este
caos, puede contar con la colaboración de esta asociación. Sabemos lo que hay
que hacer, solo hace falta que alguien quiera escuchar nuestro diagnóstico y
quiera aplicar las medidas correctoras que proponemos y que consideramos
necesarias para asegurar la necesaria protección contra incendios a nuestros
ciudadanos.
Javier Larrea, Secretario General de la Asociación
Profesional de Técnicos de Bomberos -APTB-Marzo 2005"
Fue una lástima que las autoridades del Estado o de la Comunidad de Madrid no aprovecharan el suceso para crear una comisión interinstitucional e interdisciplinar de expertos como la que se plantea en el artículo:
¿Para cuando una comisión de investigación de incendios?. Esta comisión podría haber arrojado luz sobre lo sucedido y plantear propuestas.
Se podría haber aprendido mucho.
Publicado el 13 de febrero de 2015
