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martes, 9 de febrero de 2016

El técnico competente

Este asunto del técnico competente (para la elaboración de planes de autoprotección) es uno de los que más ha llevado de cabeza a las administraciones que regulan la autoprotección y planes de emergencia de locales y establecimientos que pueden originar riesgos para sus ocupantes o visitantes. Ha servido para ponencias, mesas redondas, debates, polémicas, jornadas técnicas y diversas discusiones de salón.

En este país donde tenemos tanta legislación que no se cumple, pocas veces un texto legal publicado en el BOE sin que tenga carácter obligatorio se ha cumplido tanto como la Orden de 29 de noviembre de 1984 del Ministerio del Interior, por la que se aprobó el Manual de Autoprotección para el desarrollo del Plan de Emergencia contra Incendios y de Evacuación de locales y Edificios (BOE núm. 49, de 26 de febrero de 1985). A pesar de su sencillez o quizás por eso (menos de 8 páginas del BOE), fue un documento de referencia con el que se elaboraron miles de Planes de Emergencia de industrias y actividades de riesgo, o no. Su redacción era suficientemente flexible para que cupiese todo o casi todo. Junto con este Manual crecieron un gran número de expertos de autoprotección sin que nadie les tuviese que otorgar el certificado de “técnico competente”. Durante su vigencia, las administraciones no se tenían que preguntar si quién había elaborado el Plan era un "técnico competente" y sabía; lo importante era que el titular del establecimiento que lo presentaba "quería". Sirvió tanto a las administraciones como a las compañías aseguradoras o mutuas, y los particulares que querían elaborar un Plan de emergencia de su local o actividad; siguiendo el Manual se podía elaborar con sencillez, el Plan de emergencia de una gran industria, de un hotel, de una discoteca o de un colegio público y todo ello sin la necesidad de que la administración acreditase un "técnico competente".

Habría que haber levantado un monumento a quienes redactaron este documento-guía debido a la popularidad inigualable con que fue acogido y cumplido(1), que ha sido aplicado con fervor hasta su derogación. ¡Curiosa derogación, pues nunca había sido de obligado cumplimiento! De hecho, hubo alguna comunidad autónoma que se resistió a su derogación.


LA NBA’97
Muchos años después, desde la Comisión nacional de protección Civil se creó un grupo de trabajo para gestar la norma sucesora que tras muchos avatares fue alumbrada como REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, con el nombre rimbombante de “Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia”. Tuve ocasión de conocer a alguno de los que participaron en aquellas discusiones en que se repartían las competencias entre el Estado y las CCAA sin participación de las otras administraciones. Me contaban que aparte de discutir sobre el alcance de las actividades a los que se debería aplicar con carácter imperativo, otro de los puntos importantes de la Norma era qué titulados universitarios podían entrar en el reparto de la tarta de los miles y miles de planes de autoprotección que habría que elaborar en el país. Se alcanzó un consenso en que si bien la obligación de presentar el “Plan” era del titular de la actividad cualquiera no podría estar facultado para elaborar un plan de autoprotección y se inventaron el término de “técnico competente” y quisieron regular que titulaciones podrían ostentar la habilitación de “técnico competente”.

El Consejo de Estado
Menos mal que el Consejo de Estado les paró los pies al grupito de mafiosos corporativos y en su preceptivo informe al Proyecto de Real Decreto (expediente 401/2007) les dijo (con mucho sentido de Estado) lo siguiente: “es enormemente difícil discernir entre las múltiples titulaciones o exigencias formativas, con carácter indiscutible”. “Además, el derecho comunitario impone la obligatoriedad del reconocimiento de todas las cualificaciones profesionales de todos los países miembros” “no cabe que una disposición reglamentaria imponga para una determinada actividad profesional (como puede ser la redacción de planes de emergencia) la posesión de ciertas titulaciones o exigencias formativas y mucho menos por un ministerio cuando afectan a competencias de distintos ministerios” “En consecuencia se ha de eliminar de la redacción del proyecto… el carácter habilitante de las titulaciones”.

En fin, el resultado fue que no pudieron aprobar las titulaciones habilitantes, como hubiese sido su deseo, pero se mantuvieron en sus trece de mantener que el Plan debería ser elaborado por un técnico competente, trasladando así la patata caliente a las administraciones de las CCAA en su interpretación. Podríamos haber pensado que teniendo presente la advertencia del Consejo de Estado ninguna Administración tendría un instrumento jurídico para rechazar un Plan de Autoprotección alegando que el firmante no es competente para hacerlo, pero España es grande y diversa…

Así pues, la figura del “técnico competente” que ha de elaborar el Plan de Autoprotección ha sido una de las incógnitas que más dudas ha planteado. La NBA’07 dice que el Plan de Autoprotección ha de estar redactado y firmado por técnico competente. Pues bien, esta afirmación ya parte del error de que un Plan de autoprotección es un documento y por tanto han buscado que alguien redacte ese documento y que se haga responsable del mismo. La tesis que yo he venido defendiendo es que el Plan de autoprotección, NO ES UN DOCUMENTO, es un sistema, un procedimiento, una organización de medios y recursos, pero principalmente humana, para dar respuesta a las emergencias que se puedan originar. Esta organización ha de ser elaborada, estructurada, armada, por el titular de la actividad, bajo su exclusiva responsabilidad, por sí mismo, con sus empleados, con técnico competente o con quién él quiera. El caso es que tenga un Plan de autoprotección del que es responsable el titular. Acaso, ¿no puede un claustro de profesores de un colegio elaborar un Plan de Autoprotección de un Centro escolar? Es lo que debiera ser en todos los casos: que los trabajadores de las actividades elaborasen ellos mismos sus Planes de Autoprotección. ¿Les vamos a obligar a contratar a una Consultoría para hacer este trabajo? Pienso que esto fue un disparate corporativo que nos ha dejado secuelas.
¿Se imaginan que el Ministerio de Hacienda, nos dijese que la declaración de Hacienda la tiene que hacer un técnico competente? Pues no lo ha dicho, ¿se imaginan como tiene que ser la declaración de hacienda de la empresa más grande de una CCAA? Muy compleja, ¿verdad? Pues, ni aun así han dicho que la tiene que confeccionar un técnico competente: la obligación de presentar la declaración es del titular de la actividad, pero hacerla, lo que es hacerla, es una cuestión que decide el titular, no una orden ministerial. Pues esto mismo defiendo que ha de ser en los Planes de Autoprotección.

Las CCAA
Claro que ante la redacción de la NBA y ante la intención de que el Plan de Autoprotección sea redactado por “técnico competente” varias CCAA han regulado su interpretación sobre este asunto. Comento la legislación de algunas CCAA.

BALEARES
El gobierno de Baleares ya lo tenía regulado mediante el D 8/2004, de 23 de enero, por el que se despliegan determinados aspectos de la Ley de ordenación de emergencias en las Islas Baleares y por lo que sé no ha modificado estos criterios a pesar de los cambios de interpretación al respecto. 
Así a los efectos del aquel Decreto, se consideran técnicos competentes para poder redactar y firmar los planes de autoprotección los siguientes:
- Ingenieros e Ingenieros técnicos, y Arquitectos y Arquitectos Técnicos dentro del ámbito de sus respectivas competencias y con la debida especialización y formación en la materia objeto de los planes de autoprotección (…)
-Técnicos de Prevención de riesgos laborales –superior-, especialidad Seguridad en el Trabajo.
- Directores de Seguridad de empresas acreditadas por el Ministerio de Interior, en el ·ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones profesionales.


CATALUÑA
Tras la NBA’97, el gobierno catalán fue el primero en regular mediante su IRP/516/2010,de 8 de noviembre, sobre el procedimiento de acreditación del personal técnico competente para la elaboración de planes de autoprotección en el ámbito de laprotección civil. Mediante una combinación de titulación y experiencia acreditada y formación, se reconoce el personal técnico que puede obtener la acreditación para elaborar planes de autoprotección.


EUSKADI
Por su parte el gobierno vasco publicó la Orden de 3 de agosto de 2012, del Consejero de Interior, por la que se regula la acreditación del personal técnico competente para la elaboración de planes de autoprotección. De una forma general reconoce  la capacidad de actuar como “técnico competente” a las personas con titulación universitaria habilitante (grado en gestión del riesgo y emergencias) u otras titulaciones universitarias con experiencia de 3 años en elaboración, gestión, homologación, mantenimiento y supervisión de planes de autoprotección o que hayan realizado cursos de formación superior para elaborar planes de formación. La acreditación nominal se realiza tras la solicitud ante una comisión evaluadora. Los datos del personal que se acredite como técnico competente para elaborar planes de autoprotección forman parte de un fichero que puede ser consultado públicamente.

VALENCIA

La Comunitat Valenciana publicó el día 17 de febrero de 2014 el Decreto 32/2014, de 14 de febrero, del Consell, por el que se aprueba el Catálogo de Actividades con Riesgo de la Comunitat Valenciana y se regula el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección.


En este Decreto se recoge y desarrolla lo regulado en la Norma Básica de Autoprotección para el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana con un Anexo con el Catálogo de Actividades a la que se aplicará este Decreto. La competencia para el registro de Planes se la reserva el Gobierno de la Comunitat, si bien, se establece la obligatoriedad de que los Planes de Autoprotección deberán presentarse al ayuntamiento donde esté ubicada la actividad, así como al departamento de la administración pública que conceda la licencia, permiso o autorización necesaria para el comienzo de la misma. Esta regulación no menciona quién ha de ser la persona que elabore o firme el Plan de Autoprotección evitando así la polémica sobre quién es el "técnico competente" y atribuye esta responsabilidad de forma implícita a los titulares de "los centros, establecimientos y dependencias". Es de todas las normas de las CCAA la más abierta y flexible en este asunto.

Validez
Creo que la acreditación de una comunidad autónoma es válida para todo el territorio del Estado, por lo que a quién no les gusten los requisitos de una Comunidad puede probar en otra.

Por cierto, que me imagino que a partir de la publicación del Real Decreto 907/2013, de 22 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en Emergencias y Protección Civil, quedará bastante claro que quien tenga este título está más que facultado para ser técnico competente en esta materia.


(1)  Aunque no conozco al autor o autores les expreso desde este lugar mi más sincero reconocimiento por un trabajo bien hecho.

Publicado el 9 de febrero de 2016.


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lunes, 16 de noviembre de 2015

Leyes de Bomberos: Salvamento (I)

Como veíamos en los artículos sobre el “Nombre de bomberos” la legislación estatal ha venido recogiendo desde hace más de tres décadas el nombre de servicio de extinción de incendios y salvamento, lo que reconoce intrínsecamente los cometidos del salvamento y rescate entre sus funciones. Analicemos en primer lugar el significado del concepto de salvamento.  

Los servicios de bomberos han venido desarrollando distintas funciones de salvamento y rescate sin que ninguna ley les atribuyese ninguna competencia al respecto y sin que los ayuntamientos tuviesen la obligación explícita de prestar ese servicio según la Ley de Bases de régimen local, que solamente se refería a la prestación del servicio de extinción de incendios, a no ser que bajo el nombre de protección civil se escondiesen las funciones de salvamento. Así pues, cada servicio de bomberos se fue auto organizando en la medida de los deseos de sus dirigentes o de los intereses y aficiones de sus miembros. Así el servicio de Bomberos de Barcelona en el siglo XIX se equipó con ambulancias para atender la emergencia extrahospitalaria; los que estaban en la costa montaron equipos de buceo; otros, debido al origen profesional de sus miembros se especializaron en realizar apuntalamientos y apeos; y los de la montaña articularon unidades de rescate en montaña, técnicas que luego se adaptaron al rescate urbano. En algunos ayuntamientos encargaron al jefe de bomberos la responsabilidad del socorrismo en la temporada de playas en verano. Las funciones de rescate en carretera y excarcelación hubo que disputarlas con otros cuerpos como la Cruz Roja que tenía una gran red de voluntariado que atendía a los heridos en carretera y la intervención en los accidentes de MMPP cayó del lado de los servicios de bomberos habida cuenta de la necesaria especialización y equipamiento requerido. Todo este desarrollo asimétrico fue configurando la cartera de servicios del salvamento en los cuerpos de bomberos. El panorama resultante, hoy, es absolutamente heterogéneo, de tal manera que no hay dos servicios de bomberos iguales en su carta de servicios.
 
Está claro que el origen de tal dispersión es la desregulación: hace un par de años en una entrevista que me hicieron, en la revista Seguridad y Medio Ambiente de la FUNDACIÓN MAPFRE, declaraba que «El principal problema del sector de emergencias y de los servicios de bomberos es la falta de regulación». 
 
Hoy me ratifico en esta afirmación y añado que tan grave, como no tener ninguna regulación, puede ser el exceso de regulación; malo es no tener una Ley pero tan malo puede ser tener 17 leyes de bomberos; 17 leyes de emergencia sanitaria, 17 leyes de incendios forestales, 10 leyes de salvamento marítimo y de socorrismo en playas,  17 leyes de salvamento en montaña, 17 leyes que regulan la organización y funcionamiento del 1-1-2, etc., etc. ¡Qué caos! Bueno, que no me entiendan mal, que sea malo para el conjunto de los servicios de bomberos, no quiere decir que sea malo para todos los servicios de bomberos, estoy seguro que alguno o algunos salen beneficiados.
 
Socorro, Salvamento y Rescate. Definición.
Para abordar este asunto deberíamos clarificar y establecer con antelación el significado de las palabras que vamos a usar.
 
No me siento capaz de explicar con precisión los conceptos, socorro, rescate y salvamento, por lo que he recurrido a un libro de la DGPC a buscar algunas definiciones. A finales de los años 80, la Dirección General de Protección Civil -DGPC- editó una interesante colección de textos didácticos sobre distintas parcelas de la protección civil, cuyo volumen nº 4 se llamó “el socorro, rescate y salvamento”. Desgraciadamente en los créditos de estos libros institucionales no se recoge el nombre del autor, por lo que no podemos dirigirnos a él, para solicitar aclaraciones. Abrevio a continuación, una síntesis de las definiciones aportadas por dicho texto:
 
Socorro: acción de socorrer determinada por la petición ayuda y la prestación de la misma en el lugar. El socorro pretende asegurar unas condiciones que garanticen la supervivencia de la persona socorrida.
 
Rescate: es el mecanismo organizativo y operativo para remover a la persona o personas del lugar del siniestro.
 
Salvamento: acción que se inicia con la evacuación o traslado de las personas afectada-as desde el lugar que ha sido llevada tras el rescate hasta el centro donde se intentará devolverle sus anteriores facultades.
 
Estoy parcialmente de acuerdo con alguna de las definiciones descritas, aunque habría que perfeccionar y completar las definiciones pues tal como están no resultan de aplicación al rescate y salvamento de bienes. Además, la definición de salvamento parece que en este texto tiene una lectura o componente estrictamente sanitaria por lo que no es aplicable a lo que habitualmente entendemos como salvamento, y para líarnos más en el desarrollo de los capítulos del libro se confunde socorro con primeros auxilios y los términos salvamento y rescate se utilizan muchas veces como sinónimos.
 
La RAE no nos saca de dudas pues las definiciones de ambas palabras son muy parecidas: Salvamento es «la liberación de un riesgo, un peligro o un inconveniente» y Rescate es «la liberación de un peligro»; empate técnico. Lo que nos lleva a que cada cual podrá utilizar estos términos según le venga en gana sin entrar en contradicciones.


Rescate y Rescatar
Hemos de tener en cuenta que “rescatar” tiene múltiples acepciones; algunas lo usan las fuerzas de seguridad, como rescate de los secuestrados o los rehenes de los terroristas.  
 
En la búsqueda del significado de la palabra rescate, no nos ayuda demasiado la ORDEN de 14 de octubre de 1997 por la que se aprueban las normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas que establece que “Solamente podrán realizar operaciones de rescate o de recuperación de cadáveres, las fuerzas de Seguridad del Estado y/o buceadores con la titulación profesional correspondiente, salvo en circunstancias de emergencia donde la intervención represente la protección de vidas humanas”. La interpretación con la que se podría intentar establecer los significados de los términos partiendo de las ecuaciones: “rescate=muertos” y “salvamento=vivos”, no es correcta. Una lectura más reposada de ese texto nos indica que se hace extensivo el significado del rescate a aquellas situaciones en la que esté interesada  la protección de vidas. Por cierto, nunca entendí porqué esta Orden del Ministerio de Fomento utilizó la aprobación de unas normas de seguridad en el buceo, para entrometerse en la atribución de funciones a las fuerzas de seguridad del Estado (Ministerio de Interior), cuando precisamente la Guardia Civil está excluida de la aplicación de estas normas. Aunque no viene a cuento hoy, apunto que en virtud de esta disposición de la  Orden ministerial se deja bastante claro que el rescate “en circunstancias de emergencia donde la intervención represente la protección de vidas humanas” no es una tarea restringida a los buceadores con titulación profesional (trataremos este asunto otro día).
 
Otro asunto distinto, es que en las investigaciones de todas las muertes violentas interviene un juzgado; es el juez el que decide quién es la policía judicial que llevará a cargo las actuaciones y por ello, los servicios de rescate y salvamento no deberán “rescatar” ningún cadáver que no se les indique.
 
De aquí podríamos deducir que cuando se habla de personas o animales fallecidos se utiliza con exclusividad el término rescate, usándose también el término recuperación, resultando incorrecto el termino salvamento. Se dice, rescatar cadáveres, pero, no se dice salvar cadáveres. Es lo único que parece que tenemos claro. 

Salvar y salvamento (1)
Me parece que los términos salvar y salvamento tienen una amplitud mayor que el rescate, es como si abarcase mayor extensión; podemos verlo en la frase “Salvamento marítimo procedió al rescate del pesquero”. También se usa más genéricamente Salvamento para las organizaciones, y rescate para las unidades o equipos, aunque muchísimas veces se usan como sinónimos. 
 
Por lo que hemos visto, me da la impresión de que en nuestro lenguaje “salvar” tiene una relación más directa con la vida o con la salud o con el estado de integridad en el caso de los bienes: se puede decir “hemos rescatado dos cadáveres” pero no decimos “hemos salvado dos muertos”; se dice “hemos rescatado los restos del avión”, pero no decimos “hemos salvado el avión destruido”. En el caso de las personas, rescatar acepta vivo o muerto, mientras que salvar implica que la persona está viva. En el caso de los bienes, en un incendio en una industria, solo podemos decir “hemos salvado la maquinaria” cuando esta no ha sido afectada por el incendio y mantiene su integridad. Desde este punto de vista, jerarquizando ambos términos, el salvamento persigue un objetivo superior al del rescate, o sea salvar a las personas y animales y a sus vidas y evitar la pérdida de bienes.
 
También hemos de tener en cuenta que el salvamento puede realizarse sobre bienes intangibles: Liberar con prontitud un vehículo accidentado en una autovía en hora punta que suponía un obstáculo para el tráfico vial puede suponer salvar el ahorro económico de muchas horas de trabajo de miles de ciudadanos; la extinción eficaz de un incendio en una gran industria puede suponer salvar 1.000 puestos de trabajo; la intervención en un incidente o accidente de MMPP puede suponer además de la reducción del riesgo para las personas, animales o plantas, evitar una gran contaminación del aire o del agua lo que supone un salvamento o protección del medio ambiente difícil de valorar económicamente pero real.
 
 Aceptando este significado más amplio y un fin superior del salvamento, el término que debería ser usado por las unidades o servicios públicos debería ser salvamento, pues su actuación se debe corresponder con esta misión, aunque  a veces no se pueda completar la realización del salvamento y el resultado de la intervención sea tan solo un rescate. Así pues, a mi juicio, acertaron quienes añadieron “y de salvamento” a los servicios de extinción de incendios.  
 
Por ello, de ahora en adelante me referiré a estas funciones con el término “salvamentos”. 

La segunda parte de este artículo compara las competencias de salvamento en las leyes de las CCAA.
(1)               No pretendo sentar cátedra al escribir sobre estos conceptos sino realizar unas pequeñas disquisiciones que nos aclaren algo sobre los términos que usamos en nuestra actividad sin que muchas veces sepamos bien lo que quieren decir. Estaría bien que un equipo de sabios estableciese las definiciones más correctas de forma universal, permanente y biunívoca: o sea, que siempre, y en todas partes, a cada término le corresponda una definición y cada definición sea expresada con un solo término, como ocurre con el léxico científico.
 
Publicado el 16 de noviembre de 2015



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martes, 21 de julio de 2015

El nombre de Bomberos (III)


 Parque de Bombas en Ponce -Puerto Rico- 
De los nombres históricos utilizados que hemos visto, ninguno ha trascendido a los Boletines Oficiales. Veamos cuáles, cuándo y cómo, han sido los nombres que se han recogido en la legislación más actual.

Como hemos visto, en los textos de los reglamentos más antiguos solía aparecer el término Bomberos para denominar los Cuerpos de Bomberos. Las denominaciones tradicionales más comunes fueron “Brigadas de bomberos” “Compañías de bomberos” y “Cuerpos de bomberos”. También se utilizó el nombre “Servicio de Incendios” e incluso se usó en algunos sitios “Parque de Bomberos” pero los textos legales se inclinaron por recoger los nombres descriptivos que se mencionaban en la anterior entrega de este artículo y que obligaban a la utilización de siglas.

Las leyes de Bases de Régimen Local
Estas leyes que recopilaban la legislación municipal fueron las que orientaron la organización de los servicios de bomberos en España: tanto la del año 1955 que atribuyó la competencia del servicio de extinción de incendios a los ayuntamientos, como la de 1985 que obliga a los municipios de más de 20.000 habitantes a prestar los servicios de prevención, extinción de incendios y protección civil, aunque la propia Ley no indica mediante que cuerpos, o que sistemas, instrumentos o herramientas se han de prestar dichos servicios.

La confusión
La década de los 80 fue la de la confusión. Los servicios de bomberos se encontraban en ebullición sin orden ni control por lo que no hubo acuerdo en el nombre. Como ejemplo de esta confusión se puede poner el Reglamento de Espectáculos Públicos de 1982 que de las cinco ocasiones en que menciona los servicios de bomberos, en dos utiliza: servicio contra Incendios; en una: servicio de extinción de Incendios; y en otra Servicios de Incendios y Salvamento. Está claro que a los redactores les daba igual el rigor en la utilización de los nombres.

La Ley de Protección Civil de 1985, que  los menciona solo una vez, utiliza el nombre “servicios de prevención y de extinción de incendios y salvamento”.
 
EL Real Decreto que regula las estadísticas y aprueba el Parte Unificado de Actuación en 1985 nos llama Servicio contra Incendios.

En el año 1988, la FEMP propone retornar a la expresión Cuerpo de Bomberos, pero creo que esta propuesta se encontraba condicionada por la situación de negociación del llamado Estatuto del Bombero que se estaba negociando en aquellos momentos entre el Gobierno, la FEMP y los sindicatos, por lo que la FEMP consideraba más oportuno optar por el nombre más genérico de “Estatuto de los Cuerpos de Bomberos” (6). Una vez que Margarita Varela,  la persona que lideraba la elaboración del Estatuto, fue cesada, las discusiones sobre el Estatuto también cesaron y se paralizó para siempre.  A partir de aquel frustrado intento de normalización, cada uno ha hecho lo que le ha venido en gana.

Servicio
Este término se ha establecido como mayoritario para designar oficialmente a las organizaciones públicas de bomberos. Como se verá todas las Comunidades autónomas lo recogen.
 
El concepto servicio en las Leyes de bomberos
A partir de la década de los años 90 las CCAA comienzan a legislar regulando sus servicios de bomberos y aunque sus servicios de bomberos tenían distintas denominaciones, los legisladores rechazaron de plano el término tradicional “Bomberos” y acabaron adoptando e imponiendo el nombre más complejo de servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento. Parecía que una vez decididos a regular por Ley los servicios de emergencias y de bomberos, ya todos usaríamos el mismo nombre de forma exactamente igual, pero como podemos ver en esta tabla, esto no fue así. Aunque tan parecido que parecían lo mismo, cada nueva ley introdujo una pequeña variación para distinguirse de la anterior. Así, las cinco primeras leyes entre 1994 y 1998, pusieron cinco nombres diferentes, variando la coma en vez de la conjunción y, o poniendo salvamento en singular o en plural, o después de prevención. No tomo en consideración las diferencias producidas por el uso de minúsculas y abuso de mayúsculas (inadecuado).

 Destacado en amarillo las conjunciones, preposiciones, plurales y términos que amplifican la diversidad 
Resulta curioso que dos de las últimas leyes de emergencia, las de La Rioja y Asturias niegan a los servicios la Prevención en su nombre, aunque ciertamente, al menos la Ley de La Rioja, si recoge la prevención entre sus funciones.

Parece que el nombre que más adhesiones ha recogido y que se está imponiendo en las últimas leyes es el de “Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento”  que fue el elegido por Valencia en 1995 y que ya han adoptado otras cinco CCAA. 

Ya veremos que nos depara el destino en cuanto a los nombres utilizados en los textos legales.
 
(6) Ponencia de Tomás Falantes Izquierdo, asesor de la comisión de Protección ciudadana de la FEMP en las VIII Jornadas de Protección Ciudadana y Municipios organizadas por la FEMP en 1988.
 
En la cuarta parte de este artículo analizaremos el uso del nombre tradicional “Bomberos”
 
Publicado el 20 de julio de 2015.
 
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