Noticias de incendios con víctimas

Los medios de comunicación han sido una importante fuente de datos para la elaboración de los estudios de víctimas de incendio que realicé entre los años 2010 y 2013⁽¹⁾. Fruto de esa experiencia me di cuenta de que los datos proporcionados por los medios eran un complemento necesario para obtener información adicional sobre la que facilitaban los servicios de bomberos que en bastantes casos era insuficiente. Con la experiencia adquirida me he permitido elaborar una Guía para la redacción de noticias de incendios con víctimas que puede resultar de utilidad a los periodistas redactores de la sección de siniestros para elaborar sus noticias o artículos, pues una víctima mortal en un incendio, casi siempre da para elaborar un articulo de fondo con contenido humano que interese a los lectores.

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías y el gran despliegue de los medios de comunicación en Internet tenemos acceso a muchísima más información sectorial que hace unos años. En el sector de los incendios, hasta hace pocos años tan solo nos enterábamos de las noticias de los incendios del ámbito local o de las grandes emergencias e incendios nacionales en los que se producían gran número de víctimas o habían tenido gran repercusión mediática por su envergadura.

Noticias con inmediatez

Hoy en día a través de Internet podemos tener información casi momentánea de los siniestros que se están produciendo en el mundo. Esta necesidad de inmediatez provoca que muchas noticias se ofrezcan de forma acelerada pero en muchas ocasiones muy incompletas y con pocos datos. Parece que lo que importa es dar la noticia, contar que se ha producido un incendio, con mucha rapidez; los datos aportados importan poco; y de las noticias de los incendios de poca envergadura pocas veces el medio o el periodista hace algún seguimiento. Así, siguiendo los medios y en particular las noticias de agencia es casi imposible saber si un herido en un incendio murió en el hospital días más tarde.

Un aspecto que me sorprendió y que me sigue llamando mucho la atención es que las noticias que nos llegan de Sudamérica relacionadas con los incendios son mucho más completas y con más profusión de datos sobre el siniestro, sobre el origen y sus causas y consecuencias, y sobre las víctimas y su tratamiento, que las noticias publicadas en los periódicos españoles.

También se puede percibir que la información recogida en las televisiones suele aportar datos más precisos que la que se recoge en los medios impresos. La explicación puede ser que las televisiones se ven obligadas a enviar al lugar del siniestro a alguien que recoge información “in situ”: al menos un “cámara” ha debido personarse en el lugar. Sin embargo, la gran mayoría de los periódicos, ya sean editados en papel o digitales, rellenan las noticias de sucesos con notas de agencias que en la mayoría de los casos obtienen su escasa información de fuentes policiales y de los servicios de bomberos, o peor aún, de los centros 1-1-2, que muchas veces son demasiado escuetos en sus comunicados y aportan poca información y de escaso valor añadido para los potenciales lectores de la noticia. Ignoro la causa por la cual la información suele ser más deficiente e incompleta, cuando la fuente de información oficial del siniestro son los centros 1-1-2 de las CCAA. Así que recomiendo encarecidamente a los periodistas que  busquen fuentes alternativas. Algunos comunicados de agencias sobre los incendios son noticias-basura.

También se ha de tener en cuenta que a veces no se suministra información más precisa porque no se han sabido realizar las preguntas correctas.

Breve Guía

Habiendo detectado este problema, parece oportuno elaborar una guía elemental que pueda servir a los periodistas como protocolo a la hora de elaborar la noticia de un incendio. Esta guía también puede resultar de utilidad a los propios mandos de los servicios de bomberos a la hora de rellenar los partes de intervención (se debería elaborar un Informe más completo cuando haya víctimas) y recoger algunos datos más completos de los siniestros y de los incendios que pueden repercutir en un mejor análisis de la intervención y para las estadísticas y también para aportar información sobre las intervenciones a los medios de comunicación cuando lo solicitan. Por supuesto también podría ser útil a cualquier otra persona u organización que haya de relacionarse con los medios de comunicación para facilitar información sobre los siniestros.

Datos del siniestro

Los datos básicos que ha de recoger una noticia sobre un incendio han de ser:

Por supuesto los datos del siniestro, si se trata de un incendio o una explosión (de gas butano o gas natural). A continuación, se ha de identificar el lugar del siniestro (calle, barrio, población, provincia), para que el lector pueda situar la noticia. Si se trata de un siniestro al aire libre indicar el tipo de paraje (urbano, rural, campo, carretera, forestal, etc.), o si es en el campo o en la calle, en un vehículo, un transporte, un incendio forestal (de bosque o matorral). Si es en un edificio habrá que indicar el uso del edificio (Administrativo, Docente, Comercial, Vivienda -unifamiliar o colectiva-, Residencial, Hotel, Hospitalario, Aparcamiento, Archivo o almacén, Uso Industrial, Pública concurrencia, etc.). Además, cuando tenga lugar en un establecimiento comercial, se debe recoger el nombre del comercio, hotel, o lo que sea, para informar adecuadamente al lector. Ignoro la causa por la cual algunos periodistas o medios, faltando a las más elementales normas de rigor informativo, omiten el nombre comercial del local siniestrado.

Después, se ha de situar el suceso en el tiempo, fecha y hora, también puede ser práctico indicar si es de día o de noche. (Por ejemplo, las 20:00 horas puede ser de día o de noche dependiendo del país donde ocurre el siniestro y dependiendo de si es verano o invierno. No es lo mismo evacuar 100 personas de un edificio a las ocho de la tarde con el sol del verano en el mes de julio en España, de día, que a las 8 de la noche en diciembre, con absoluta oscuridad y a 2 grados bajo cero. La idea que percibe el lector con este dato es muy diferente). También puede estar bien indicar a qué hora el servicio de bomberos dio por terminada la intervención. Esto da idea de la envergadura del siniestro; algunos se resuelven en media hora y otros en 14 horas. Este dato puede resultar un mejor indicador que el número de bomberos que asistieron pues a veces se movilizan muchos medios que no intervienen. Hay noticias que recogen que se desplazaron al lugar vehículos de 3 parques y luego al leer la noticia conoces que la intervención duró apenas 15 minutos.

Circunstancias del incendio

No debe faltar información sobre las circunstancias que han rodeado al incendio, número de plantas del edificio siniestrado, planta en la que ocurre el incendio y por qué y cómo se ha originado el incendio y en qué zona del edificio se inicia y a dónde se ha propagado, así como cuáles han sido los daños que ha producido el incendio y la causa probable del incendio. Se puede distinguir entre incendio accidental e intencionado (no se dice provocado, se dice INTENCIONADO: todos los fuegos son provocados). Suelen ser muy esclarecedoras las informaciones facilitadas por los propios afectados. También resulta interesante recoger si se produjo, o no, la evacuación del edificio y cuantas personas fueron evacuadas.

Datos de las víctimas

En cuanto a los datos más relevantes de las víctimas, se han de recoger:

• si hay, o no, víctimas y si son muertos o heridos (lesionados) y si estos son leves o graves
• la nacionalidad, el sexo y la edad
• las lesiones (quemaduras, intoxicación por humo o gases y cortes, traumatismos, infarto, etc.)
• parte del cuerpo lesionada
• si han sido atendidos “in situ” o si han sido trasladados al hospital
• si padecen algún tipo de minusvalías (usar muletas, sillas de ruedas, muda, sorda o invidente)
• si la víctima vive sola
• el lugar en el que se encontraba en el momento del incendio y donde se la encontró
• el tipo de ocupante del edificio (habitual u ocasional)
• si es un miembro de los servicios de emergencia (bombero, policía, sanitario, rescatador
• y si se trata de un accidente laboral (cuando sean trabajadores en el lugar del incendio)

En el caso de víctimas fallecidas se debe indicar, además, la causa probable del fallecimiento y las iniciales o el nombre de la víctima pues no es un dato protegido⁽²⁾.

Además, la noticia podrá incorporar todos los hechos noticiables sobre las circunstancias del lugar o del siniestro, el entorno social, o testimonios de los afectados, testigos, vecinos, familiares, etc. que el periodista considere oportuno y que enriquezca el artículo desde una perspectiva social y humana.

Con toda esta información ordenada y combinada según la creatividad del periodista se logrará y ofrecerá a los lectores un articulo del máximo rigor.

(1) Elaborados por la APTB y publicados por la Fundación MAPFRE.
(2) De acuerdo con el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal DLOPD y según lo estipulado en su artículo 2, apartado 4: Este Reglamento no será de aplicación a los datos referidos a personas fallecidas.

Publicado el 30 de marzo de 2016

OTROS ARTÍCULOS RELACIONADOS

Parte de actuación (I) 
La transparencia en la Administración

Incendios y Síndrome de Diógenes (III) -Legislación

En la tercera parte de este artículo ofrezco un repaso a la legislación vigente que puede ser tenida en cuenta o utilizada como referencia para motivar una intervención de los servicios públicos en los síndromes de acumulación. Ver PARTE I y PARTE II de este artículo.


La pregunta que debemos hacernos es: ¿Qué legislación podemos aplicar para reducir el riesgo de acumulación? La respuesta es ambigua. Como en otros tantos aspectos de la vida, nos encontramos con grandes lagunas legales en este tema. Salvo error u omisión, por mi parte, no he encontrado legislación de ningún ámbito que recoja el fenómeno de la acumulación, y los problemas de seguridad que genera, de una forma expresa y otorgue a la administración competencias para intervenir de forma resolutiva.

 

Las intervenciones de los servicios públicos en los casos de acumulación han de hacerse al amparo de legislación difusa con interpretaciones cargadas de buena voluntad, pero cogidas por los pelos. Vamos a dar un repaso a la legislación más relevante que de una u otra forma tiene relación con los efectos antisociales del síndrome de acumulación en la convivencia y con las posibles acciones por parte de los servicios públicos.

 

Constitución Española

El primer derecho fundamental que se observa en este caso es “la inviolabilidad del domicilio” que se encuentra recogido en el artículo 18.2 de la Constitución que dice:

“El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.”

 

Como veremos, en este caso no hay comisión de delito, así que según este derecho constitucional todo acceso al domicilio debería ser realizado bajo consentimiento o por orden judicial.

 

Código Penal

A veces se dice que la intervención en estos casos se realiza ante la presencia o amenaza de un delito contra la salud pública; esto es una leyenda urbana. No es cierto. En el Titulo XVII del Código Penal “De los delitos contra la seguridad colectiva” trata en su CAPÍTULO III De los delitos contra la salud pública, y no se encuentra descrita ni tipificada como delito ninguna conducta similar a la de la acumulación compulsiva, por lo que no está claro que se pueda acudir a un juez al amparo del Código Penal. Además el Código Penal tiene un fin punitivo, imponer un castigo por un comportamiento o acción reprobable penalmente que ha de estar previamente tipificada por lo que no parece que pueda servirnos para aplicarlo como sistema preventivo.

 

CTE

El Código Técnico de la Edificación CTE Parte I, en el artículo 8.2. Uso y conservación del edificio recoge el siguiente punto:

1. El edificio y sus instalaciones se utilizarán adecuadamente de conformidad con las instrucciones de uso, absteniéndose de hacer un uso incompatible con el previsto. Los propietarios y los usuarios pondrán en conocimiento de los responsables del mantenimiento cualquier anomalía que se observe en el funcionamiento normal del edificio.
En el ANEJO 3 de la Parte I, Terminología, define Usuario como el agente que, mediante cualquier título, goza del derecho de uso del edificio de forma continuada. Está obligado a la utilización adecuada del mismo de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en el Libro del Edificio.

Mucho me temo que el legislador en absoluto estaba pensando en el caso que nos ocupa. Además, el CTE tan solo puede ser de aplicación a los edificios construidos a partir de su promulgación en 2006.

 

Ley del Suelo de 2008

Esta Ley, en su Artículo 5, Deberes del ciudadano recoge que:

Todos los ciudadanos tienen el deber de:

b)  Cumplir los requisitos y condiciones a que la legislación sujete las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, así como emplear en ellas en cada momento las mejores técnicas disponibles conforme a la normativa aplicable, encaminadas a eliminar o reducir los efectos negativos señalados.

 

Ley de propiedad horizontal

El artículo 7.2. de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal (última modificación en 2013) permitirían la intervención de la comunidad de propietarios en un caso de acumulación con riesgo para los vecinos:

-      Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

-      El presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u ocupantes, requerirá a quien realice las actividades prohibidas por este apartado la inmediata cesación de las mismas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes.

 

Claro que, una acción judicial no es una intervención de los servicios municipales.

  

Ley General de Sanidad ⁽⁴⁾

En el artículo 42 de esta Ley de 1986 se recogen las competencias municipales y algunas de ellas podrían ser de aplicación en el síndrome de acumulación:

3. (…) Los Ayuntamientos, sin perjuicio de las competencias de las demás Administraciones Públicas, tendrán las siguientes responsabilidades mínimas en relación al obligado cumplimiento de las normas y planes sanitarios:

c) Control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana, especialmente de los centros de alimentación, peluquerías, saunas y centros de higiene personal, hoteles y centros residenciales, escuelas, campamentos turísticos y áreas de actividad físico- deportivas y de recreo.

 4. Para el desarrollo de las funciones relacionadas en el apartado anterior, los Ayuntamientos deberán recabar el apoyo técnico del personal y medios de las Áreas de Salud en cuya demarcación estén comprendidos.

 

La interpretación de esta Ley de 1986, en el año 2015 queda indefectiblemente sujeta al enorme desarrollo de las competencias de las CCAA en las últimas décadas en materia de Sanidad.  Si bien el ayuntamiento tiene atribuida la responsabilidad del control sanitario de edificios y lugares de vivienda, resulta dudoso a qué tipo de intervención se puede ver obligado, cuando en la misma Ley se hace la salvedad y se indica que debe solicitar apoyo técnico del Área de Salud (se supone que de la Administración de su comunidad autónoma).

 

Ley de medidas para la modernización del gobierno local (2003)

Esta ley modifica la Ley de Bases de régimen local de 1985 y permite a los ayuntamientos clasificar en sus ordenanzas municipales como infracciones muy graves las siguientes acciones:

-      Una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas, al normal desarrollo de actividades de toda clase conformes con la normativa aplicable o a la salubridad u ornato públicos.

 

Está claro que esta Ley faculta a los ayuntamientos en sus Ordenanzas municipales la imposición de sanciones por conductas que atenten contra la convivencia y la salubridad. Pero, el problema es que las ordenanzas municipales, suelen regular tan solo los espacios públicos y que no suelen tener tipificado el hecho de la acumulación como perturbación para la convivencia.

 

Ordenanzas Municipales

La mayor parte de las ordenanzas municipales (legislación de ámbito local) son las que tratan de la recaudación y los hechos imponibles de las tasas municipales. Las ordenanzas municipales que tienen como objetivo principal la regulación de las buenas prácticas en espacios públicos por lo que no contemplan las actividades que se llevan a cabo en los domicilios.

 No he encontrado Ordenanzas Municipales que regulen la prohibición de la acumulación o la actuación de los servicios municipales, aunque hay una que se acerca bastante, la del Ayuntamiento de Calviá. En las Ordenanzas municipales de policía y buen gobierno de Calviá se recoge:

-     Artículo 149.- Por los Inspectores Municipales de Sanidad se procederá a inspeccionar y denunciar aquellas viviendas, establecimientos, locales, etc. que, por sus condiciones sanitarias, pudieran constituir peligro para la salud de la población.

 

Ante las dificultades legales que amparan la intervención de los servicios públicos municipales en estos casos algunos Ayuntamientos están elaborando “Protocolos de actuación” para tratar de agilizar los movimientos burocráticos y coordinar la actuación de los servicios municipales para que la Policía Local tramite el requerimiento judicial cuanto antes o bien se actúe de oficio. Lo habitual es que, conocido el problema y denunciada la situación, la policía municipal realice las indagaciones pertinentes y motive suficientemente la petición la juez (cargándose de razones) de la orden judicial del acceso a la vivienda para la inspección por parte de los servicios municipales de acción social o de salúd pública. Tras esta inspección se podrá determinar la limpieza de la vivienda, la atención social, médica e incluso el internamiento si la enfermedad de la persona afectadad lo requiriese. Las medidas adoptadas deberán ser notificadas al juez.

 

Conclusiones

A la vista de este repaso legislativo, la impresión es que no está regulado de forma expresa que una persona no pueda acumular objetos, de forma insegura, dentro de su domicilio. Sin embargo, desde la perspectiva del Derecho continental (en contraposición al derecho anglosajón), que tiende a regular cualquier tipo de acto y conducta social, puede parecer lógico pensar que cualquier comportamiento que pueda resultar peligroso para la seguridad de sus vecinos ha de ser contemplado en la legislación y desde una perspectiva local, en las Ordenanzas municipales. Podemos argumentar que si las ordenanzas municipales prohíben sacudir las alfombras por las ventanas, o colgar la ropa en la fachada principal o estar con el torso desnudo en la terraza de una cafetería, con mayor razón debería prohibirse la acumulación de objetos en una vivienda que agrave el riesgo de incendios o que genere riesgos de insalubridad para una comunidad de vecinos, o incluso, para preservar la propia vida de la persona afectada por el síndrome de acumulación; pues puestos a enfrentar derechos fundamentales, el derecho a la vida, como derecho supremo tiene prioridad y ha de prevalecer sobre el derecho a la inviolabilidad del domicilio.

 

Habrá quien piense que una medida reguladora que restrinja esta conducta cuando sea  antisocial no tendrá ninguna influencia en el comportamiento compulsivo de un individuo, pero quizás pueda resultar positivo a largo plazo, pues la conducta de las personas se va conformando dentro de los patrones de los hábitos sociales. Algunas medidas coercitivas pueden tener un resultado educativo en la sociedad. Por ejemplo, la implantación del cinturón de seguridad en los vehículos se realizó de forma obligatoria y sin embargo tal medida de seguridad se va incorporando en los hábitos sociales como una medida de seguridad que la gran mayoría de la población ya acepta como una medida positiva para el individuo llegando el momento que se adopta independientemente de que sea o no obligatoria.

 

Estaría bien que desde las administraciones autonómicas o locales se regulase este comportamiento antisocial y la intervención de los servicios municipales, para  atender y ayudar a las personas afectadas y para atender y atajar el problema de salud pública que se genera. Creo que hay soporte legal suficiente en que apoyarse para elaborar una Ordenanza que aborde este riesgo desde una perspectiva preventiva, y por supuesto para garantizar una intervención inmediata “de oficio” por parte de los servicios públicos municipales.

 

La desregulación junto con la falta de intervención o la demora en la actuación de los ayuntamientos provoca un sentimiento de desprotección en los vecinos que padecen la situación, que finalmente acaban denunciándolo a la opinión pública y acusando al Ayuntamiento de inacción. Esto podría haber sido evitado con unos funcionarios más celosos de sus obligaciones de atención a los problemas de los ciudadanos y con unas normas que garanticen la seguridad de los ciudadanos.

 

Cuando fallece en un incendio una persona con síndrome de Diógenes, que ya ha sido denunciada, y no se ha intervenido, cabe preguntarnos si no se ha incurrido de una denegación de auxilio.

 

(4)   Algunas CCAA han desarrollado legislaciones que completan y desarrollan la Ley general de Sanidad.

Fecha de publicación, 6 de mayo, 2015.