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lunes, 27 de octubre de 2014

Muertos por incendio en los pueblos


En el estudio “Víctimas de incendio en España 2011” elaborado por la APTB y la FUNDACIÓN MAPFRE se analizó una nueva variable que no había sido considerada en los estudios anteriores. Me refiero al tamaño de las ciudades en que ocurren las muertes por incendio y explosión.
 
Para eso se realizó una clasificación de las poblaciones españolas en función del número de habitantes. Se establecieron los siguientes siete rangos: menos de 1.000 habitantes, de 1.000 a 5.000 hab., de 5.000 a 20.000 hab., de 20.000 a 50.000 hab., de 50.000 a 100.000, hab., de 100.000 a 500.000 hab. y más de 500.000 habitantes. Una vez realizado esto y asignado el número de víctimas mortales por incendio a cada tramo de población se obtuvieron los resultados que se recogen en el gráfico siguiente, observándose que estos datos absolutos no aportaban ninguna información relevante.

 


Por tanto, se consideró que para obtener un indicador adecuado y útil habría que calcular el índice de muertos por millón de habitantes para cada rango poblacional. Esto se presentaba un poco más laborioso y para ello que hubo que conseguir los datos del número de habitantes que tenía cada uno de los tramos y correlacionarlo con el número de muertos. Los resultados, que se muestran en el siguiente gráfico del “Índice de muertos por millón de habitantes según el tamaño de la población”, fueron reveladores.


Resulta curioso observar en el gráfico, cómo el índice de muertos por millón de habitantes aumenta de forma progresiva según disminuye el tamaño de la población. Aunque quizás algunos pudieran haber intuido este fenómeno, nunca antes habíamos tenido esta certeza de forma estadística.
 
A la vista de los resultados expuesto podemos afirmar con rotundidad que desde el punto de vista de la seguridad contra incendios vivir en una pequeña población, menor de 1.000 habitantes, es mucho más peligroso que vivir en una gran ciudad: exactamente se tienen cinco veces mayor riesgo de morir en un incendio en un pueblo que una gran capital. Como se aprecia claramente ya en las ciudades de menos de 20.000 habitantes aumenta este riesgo, pero en las de menos de 5.000 habitantes el riesgo se duplica y en las poblaciones de menos de 1.000 habitantes se dispara.

Este hallazgo ha de tener una gran repercusión en los servicios de bomberos, especialmente en los más sensibles a la sociedad que protegen, y que cuentan con departamentos de prevención de incendios o desarrollan campañas de prevención para la población. También para las agrupaciones de voluntarios de protección civil muy arraigadas en el ámbito rural que suplen con su actividad altruista lo que no hacen muchos bomberos profesionales: prevención. Todos aquellos que, entre sus tareas, desarrollen campañas de información a los ciudadanos habrán de tener esto presente. La divulgación en materia de prevención de incendios se debe dirigir en primera instancia hacia los sectores de población más vulnerables, pues ahí es donde obtendremos la mayor eficiencia de nuestras acciones preventivas. Y aquí hemos identificado un gran sector de población que tienen mayor riesgo: los habitantes de las poblaciones de menos de 1.000 habitantes. Así que cuando se planifiquen las campañas de divulgación tengamos esto en cuenta: empecemos por los pueblos.

Con campañas de prevención en los pueblos y ciudades más pequeñas para educar a sus habitantes en cuestiones relacionadas con los riesgos de incendio, no solo conseguiremos que haya menos incendios sino reducir sus efectos.

Un ejemplo de lo que estoy diciendo es la campaña de prevención lanzada por el Consorcio de Bomberosde Valdeorras en Ourense sobre la limpieza de chimeneas con la distribución de 3.000 trípticos, o el anuncio de la Diputación de Castellón en la presentación de la Semana de la Prevención de Incendios que los mayores de 70 años que vivan solos en los pueblos de Castellón pueden solicitar que los bomberos les instalen un detector de incendios. Este es el cambio de paradigma para transformar un modelo de bomberos pasivos en un modelo de bomberos preventivos al servicio de la comunidad.

Publicado el 27 de noviembre de 2014

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lunes, 30 de junio de 2014

Incendios en parques de bomberos

El Departamento de bomberos voluntarios de North River es el servicio de bomberos de la ciudad de Cornwall en la Isla Príncipe Eduardo del Condado de Queens en Nueva Escocia (EEUU). Con sus 30 miembros y 9 vehículos atiende más de 30 núcleos de población (más de 6.000 locales y viviendas) con unas 180 actuaciones anuales.
 
Sobre las cinco de la madrugada del domingo 29 de junio de 2014 se produjo un incendio que ha destruido totalmente el parque de bomberos y todos los vehículos (incluso un nuevo camión que aún no había sido estrenado), quedando como se puede ver en la imagen de abajo. Apenas ha quedado nada en pie. Se desconocen las causas del origen del incendio aunque en la madrugada hubo una tormenta con gran caída de rayos.


No ha sido el primer incendio en un parque de bomberos, ni será el último. Este incidente nos debe hacer reflexionar sobre cuáles son las medidas de protección contra incendio que ha de tener un parque de bomberos. En España los parques de bomberos no están recogidos en ninguna de las clasificaciones del DBSI del CTE, ni del Reglamento de seguridad contra incendios de establecimientos industriales, por lo que la legislación vigente no les exige ningunas medidas en concreto. Así pues, cuando se construye un nuevo parque de bomberos se suele aplicar el sentido común que resulta ser muy diferente en cada caso y depende tanto de la voluntad del arquitecto como de la mentalidad y de los deseos del jefe de bomberos.

Por lo que sé, entre los jefes y mandos de los servicios de bomberos españoles hay tres tendencias:
- La primera es, que habiendo bomberos en casa, apenas es necesario poner medidas de PCI,  que es absurdo poner BIEs teniendo bombas, mangueras  y bomberos.
 
- La segunda defiende que deben adoptarse las medidas exigibles a cada uso, es decir, considerar de forma diferente la zona de oficinas, la zona de aulas, la zona de cocinas, los comedores, los dormitorios, el garaje  y equiparlos con aquello que exija la legislación para cada uno de estos usos independientemente de que se trate de un parque de bomberos.

- La tercera es que los parques de bomberos han de ser, además de un buen ejemplo de protección contra incendios, un muestrario de los elementos de PCI que se exigen a todos los demás edificios y por ello deben de contar con protección estructural, sectorización, ventilación, puertas cortafuegos, detección, señalización de emergencia y evacuación, extintores portátiles, extinción automática, rociadores, etc. O sea todo.
 
¿A cuál te apuntas?
 
Publicado el 30 de junio de 2014




jueves, 5 de junio de 2014

¿A quién protege la legislación de PCI?

A finales de febrero de este año 2014, en una casa rural de Tordómar, cerca de Lerma en Burgos, fallecían 6 miembros de una misma familia en un incendio ocurrido por la noche, al parecer provocado por una lámpara al entrar en contacto con un sofá. Entre los fallecidos se encontraban 3 menores de entre 3 y 4 años. Este trágico suceso me ha hecho reflexionar sobre la eficiencia de la legislación española de incendios.

Curioseando en la legislación española de PCI -protección contra incendios- me he encontrado que en el preámbulo del Real Decreto por el que se aprueba la norma la Norma Básica de la edificación la NBE-CPI del año 1991 se justificaba la Norma “con el fin de que todos los edificios independientemente del lugar en que sean construidos ofrezcan a sus ocupantes las mismas condiciones de seguridad”. Esta loable intención del legislador se refuerza en el contenido de la Norma. La NBE-CPI-91 tiene una peculiaridad: se publicó en el BOE a dos columnas, en la de la derecha se recogía la parte dispositiva, es decir su articulado, o sea lo que realmente dice, mientras que en la columna de la izquierda se recogían unos Comentarios que explicaban lo que quería decir la columna de la derecha. Este sistema singular de publicar una Norma con aclaraciones, que sin duda tiene una parte didáctica, atrajo también muchas críticas por entenderse que los artículos de una legislación técnica obligatoria deben tener una redacción explícita y que la NBE CPI-91 no estaba suficientemente bien redactada cuando se incluían comentarios que necesitaban explicarla. Sea como fuera, en su artículo 1, se deja meridianamente claro que el objeto de la Norma es “establecer las condiciones que deben reunir los edificios para proteger a sus ocupantes frente a los riesgos originados por un incendio y para prevenir daños a terceros”. Se aclara además en el primer comentario de la izquierda que las medidas dirigidas a proteger servicios o actividades corresponden al titular de la actividad. Con lo cual queda suficientemente claro: el Estado impone normas para proteger a las personas de los incendios y la protección del edificio o actividad que se la garantice o asegure su propietario.

CTE
Quince años después, en el año 2006, con la promulgación del Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación se regula que “El objetivo del requisito básico ‘Seguridad en caso de incendio’ consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento”. Se demuestra así que el DBSI –Documento Básico de Seguridad contra Incendios- es heredero de la NBE-CPI y que se sigue manteniendo el principio de que el fin de la legislación de PCI en los edificios es la protección de las personas.
 
Pero, ¿Esto que se declara de forma tan rotunda en nuestra legislación, es verdad? ¿Lo pensarán así los familiares de las víctimas de Tordómar? Yo creo que no, siento que ésta declarada buena voluntad legislativa no se ha plasmado en la vigente legislación española de protección contra incendios. Veamos un par de ejemplos próximos de este mismo año.

 
El DBSI, vigente, recoge que la detección de incendios, que la denomina “sistema de detección y alarma de incendio” no es exigible a los edificios de “Uso Residencial Público” que no superen los 500 m2. La casa rural de Tordómar, que es un edificio alojativo y como tal, clasificado como de Uso residencial Público, no alcanzaba esta superficie, por lo que a los propietarios no le exigieron que contase con un sistema de detección de incendios. Entonces, me pregunto: ¿no asegura la legislación que el objeto de la protección son las personas y no los edificios?, ¿qué tiene que ver la superficie del establecimiento? Parece evidente que el legislador y todos los que de una u otra forma hemos participado en la elaboración de las normas hemos distorsionado este principio de priorizar la seguridad de las personas para introducir otras variables, como pueden ser los costes de explotación de algunas actividades comerciales, no queriendo gravar a las pequeñas actividades con un coste adicional como poner detección de incendios, olvidando que son las personas el objeto de protección por parte de la legislación española de incendios.

En otro incendio reciente, en el mes de marzo de este año, en Las Rozas, Madrid, dos personas mayores, de 75 y 79 años han muerto víctimas de un incendio ocurrido en la habitación de la residencia geriátrica en la que se encontraban. Al parecer se activó la alarma del sistema de detección de incendios, pero… los detectores estaban en los pasillos de la residencia, no en el interior de las habitaciones o dormitorios por lo que no sirvió de nada y ambas víctimas fueron encontradas muertas en su habitación. Analizando este caso hemos de concluir que si el objeto de protección hubiesen sido las personas, los detectores deberían haberse situarse en las habitaciones que, además, es donde hay mucha más carga de fuego y mayor riesgo de incendio que en el pasillo de la residencia.

Si nos atenemos a los resultados de la aplicación del DBSI, creo que podemos asegurar que la sociedad ha obtenido un éxito aceptable en su aplicación, mientras que, si tenemos presente que más del 70% de las víctimas mortales de incendios en edificios ocurren en las viviendas, los legisladores han recogido un estrepitoso fracaso al dejar fuera de regulación el interior de las viviendas.

Proteger a las personas
Si los legisladores interiorizan esta reflexión se deberían producir cambios en la legislación actual teniendo como eje de la protección contra incendios a las personas y adaptar las exigencias normativas para garantizar la seguridad de los ocupantes de los edificios independientemente del tamaño, superficie, altura u ocupación del edificio en que se encuentran. No hay justificación para que un edificio o actividad sea menos seguro para sus ocupantes por la absurda razón de que ese edificio es más pequeño que otro.

Veremos que se hace en las próximas modificaciones legislativas.
 
Publicado el 5 de junio de 2014

Este artículo ha sido actualizado en el portal del Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes -OPRA-, en 2022. Puedes ver el nuevo artículo en este enlace: