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martes, 29 de septiembre de 2015

Memoria anual de actividades (IV)

Hemos partido del principio de que una de las razones fundamentales de elaborar la memoria es dar cuenta a los ciudadanos contribuyentes de cuál es la organización que hemos dispuesto para prestarles el servicio, qué actividades realizamos, cómo las realizamos, de qué medios disponemos y cuánto les cuesta. Una vez elaborada nuestra memoria de actividades, analicemos ahora que difusión hemos de realizar. 

Para cumplir con este fin de información, creo lo mejor, considerar que la divulgación de la memoria de actividades forma parte del proceso de transparencia en qué están inmersas las administraciones públicas, desde la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno  por la que se reconoce y garantiza el acceso a la información y establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento.
 
Información pública
Por una parte hemos de divulgar la memoria como una obligación de información que tiene nuestro servicio público hacia todos los ciudadanos garantizando así el derecho a la información (como dice la Ley de Transparencia). Se trata de una exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollamos actividades de relevancia pública. Eso responde a una demanda social de claridad en los asuntos públicos, y no solo en la gestión política, también en la gestión técnica.
 
Difusión Técnica
Y además es importante realizar la máxima difusión técnica a todos aquellos que nos interese que conozcan mejor y con más detalle las actividades que desarrollamos. 

Para lograr la máxima difusión de la memoria se debe repartir profusamente:

- en nuestra administración
- en otras administraciones
- a los servicios homólogos
- a todos aquellos que tengan relación con nuestra actividad
- a las organizaciones de emergencia y protección civil
- a los medios de comunicación
- a las escuelas técnicas y facultades universitaria

Esto producirá una reciprocidad casi automática pues aquellos que hayan recibido nuestra memoria se sentirán comprometidos a enviarnos la suya, de cuyo análisis y comparación podremos obtener alguna enseñanza.

Difusión interna
Pero no solamente hemos de preocuparnos de su divulgación hacia el exterior. Creo que existe un concepto equivocado sobre el término difundir, pensando que es algo que se hace hacia fuera, como si los de dentro no debieran ser informados. 

Creo que los primeros que tienen que saber lo que pasa en nuestra organización son los miembros de la plantilla. Las estadísticas elaboradas con regularidad deberían ocupar un lugar preferente en los tablones de anuncios de bases y parques. Y por supuesto, todos los miembros de la plantilla deberían tener acceso inmediato a todos los datos de la memoria de actividad.
 
 Los datos de los servicios públicos no son secretos, son públicos, pertenecen a los ciudadanos 
No comparto la idea de mantener secretos y ocultos todos los datos de la memoria de actividades del año anterior hasta que el político realice la presentación oficial. Eso supone una utilización política de los datos de un servicio que deben ser públicos en todo momento. Como ya he dicho, considero muy oportuno que los datos estadísticos de la actividad sean divulgados a nivel interno, tan pronto como se obtienen.

Malas prácticas
Hay unas cuantas malas prácticas con las memorias de actividades que debemos evitar:
 
1.- La primera es realizar una memoria que solo nosotros entendemos y que en manos de los ciudadanos no es comprensible.

2.- A veces la entidad titular del servicio, pongamos por caso un ayuntamiento, se limita a poner en su página web un resumen de la memoria que coincide con la nota de prensa que ha entregado  a los medios de comunicación el día que se hacía la presentación oficial de la memoria, con los datos que se querían resaltar. Eso no es ser transparente, es tan solo apariencia de transparencia, o sea un espejismo.
 
3.- No recoger los datos económicos del servicio es uno de los fallos más frecuentes. No es posible realizar una gestión eficiente sino sabemos lo que cuestan a los ciudadanos los servicios que prestamos.
 
4.-Una gran perversión es pensar que los datos que manejamos son propiedad exclusiva del servicio; no es así. Los datos que maneja un servicio público son públicos, naturalmente con las restricciones y cautelas que establezca la LOPD, y por lo tanto hay que procurar que estén accesibles a los ciudadanos. Los datos pertenecen a los ciudadanos. Aunque es todavía más grave considerar que los datos pertenecen al jefe o al político responsable.
 
5.- Claro que lo peor de todo, es no realizar la memoria. Aunque nos pueda parecer extraño, esto es mucho más frecuente de los que algunos pueden pensar, y los responsables ni tan siquiera se sonrojan.

Estamos tan acostumbrados a que nuestras informaciones estén ocultas a la sociedad, que nos parece raro que algunos datos, como nuestros sueldos estén expuestos a los ciudadanos, pero debemos entender que son quienes nos pagan y son ellos los primeros que tienen que saberlo. También las horas extras y/o pluses -si esto fuese público en algunos servicios no se darían algunos abusos (me cuentan que en una capital del sur de España se pagaron 5 millones de euros en horas extras en un año y en otro servicio insular repartieron 2 millones de euros en horas/guardias extras)-. Si los ciudadanos lo supiesen seguro que se atajaban estos despilfarros. 

Conclusión
La información pública, de la que forma parte nuestra memoria de actividades con su recopilación de datos y sus exposiciones, ha de circular libremente por todos los canales, constituyendo un mecanismo no solo de información sino de supervisión y control de nuestra gestión por parte de la sociedad a la que debemos servir. 

 

lunes, 27 de octubre de 2014

Muertos por incendio en los pueblos


En el estudio “Víctimas de incendio en España 2011” elaborado por la APTB y la FUNDACIÓN MAPFRE se analizó una nueva variable que no había sido considerada en los estudios anteriores. Me refiero al tamaño de las ciudades en que ocurren las muertes por incendio y explosión.
 
Para eso se realizó una clasificación de las poblaciones españolas en función del número de habitantes. Se establecieron los siguientes siete rangos: menos de 1.000 habitantes, de 1.000 a 5.000 hab., de 5.000 a 20.000 hab., de 20.000 a 50.000 hab., de 50.000 a 100.000, hab., de 100.000 a 500.000 hab. y más de 500.000 habitantes. Una vez realizado esto y asignado el número de víctimas mortales por incendio a cada tramo de población se obtuvieron los resultados que se recogen en el gráfico siguiente, observándose que estos datos absolutos no aportaban ninguna información relevante.

 


Por tanto, se consideró que para obtener un indicador adecuado y útil habría que calcular el índice de muertos por millón de habitantes para cada rango poblacional. Esto se presentaba un poco más laborioso y para ello que hubo que conseguir los datos del número de habitantes que tenía cada uno de los tramos y correlacionarlo con el número de muertos. Los resultados, que se muestran en el siguiente gráfico del “Índice de muertos por millón de habitantes según el tamaño de la población”, fueron reveladores.


Resulta curioso observar en el gráfico, cómo el índice de muertos por millón de habitantes aumenta de forma progresiva según disminuye el tamaño de la población. Aunque quizás algunos pudieran haber intuido este fenómeno, nunca antes habíamos tenido esta certeza de forma estadística.
 
A la vista de los resultados expuesto podemos afirmar con rotundidad que desde el punto de vista de la seguridad contra incendios vivir en una pequeña población, menor de 1.000 habitantes, es mucho más peligroso que vivir en una gran ciudad: exactamente se tienen cinco veces mayor riesgo de morir en un incendio en un pueblo que una gran capital. Como se aprecia claramente ya en las ciudades de menos de 20.000 habitantes aumenta este riesgo, pero en las de menos de 5.000 habitantes el riesgo se duplica y en las poblaciones de menos de 1.000 habitantes se dispara.

Este hallazgo ha de tener una gran repercusión en los servicios de bomberos, especialmente en los más sensibles a la sociedad que protegen, y que cuentan con departamentos de prevención de incendios o desarrollan campañas de prevención para la población. También para las agrupaciones de voluntarios de protección civil muy arraigadas en el ámbito rural que suplen con su actividad altruista lo que no hacen muchos bomberos profesionales: prevención. Todos aquellos que, entre sus tareas, desarrollen campañas de información a los ciudadanos habrán de tener esto presente. La divulgación en materia de prevención de incendios se debe dirigir en primera instancia hacia los sectores de población más vulnerables, pues ahí es donde obtendremos la mayor eficiencia de nuestras acciones preventivas. Y aquí hemos identificado un gran sector de población que tienen mayor riesgo: los habitantes de las poblaciones de menos de 1.000 habitantes. Así que cuando se planifiquen las campañas de divulgación tengamos esto en cuenta: empecemos por los pueblos.

Con campañas de prevención en los pueblos y ciudades más pequeñas para educar a sus habitantes en cuestiones relacionadas con los riesgos de incendio, no solo conseguiremos que haya menos incendios sino reducir sus efectos.

Un ejemplo de lo que estoy diciendo es la campaña de prevención lanzada por el Consorcio de Bomberosde Valdeorras en Ourense sobre la limpieza de chimeneas con la distribución de 3.000 trípticos, o el anuncio de la Diputación de Castellón en la presentación de la Semana de la Prevención de Incendios que los mayores de 70 años que vivan solos en los pueblos de Castellón pueden solicitar que los bomberos les instalen un detector de incendios. Este es el cambio de paradigma para transformar un modelo de bomberos pasivos en un modelo de bomberos preventivos al servicio de la comunidad.

Publicado el 27 de noviembre de 2014

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